El Gobierno nacional ha dado luz verde a la venta de las participaciones de Energía Argentina S.A. en tres centrales termoeléctricas, como parte del proceso de privatización de la empresa estatal establecido en la Ley de Bases. Esta medida incluye a las sociedades Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A., Termoeléctrica José de San Martín S.A., y, en una fase posterior, Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A.

La operación se llevará a cabo mediante licitaciones públicas tanto a nivel nacional como internacional. En los dos primeros casos, el Estado ofrecerá a la venta las acciones que actualmente posee a través de Energía Argentina S.A. (Enarsa), mientras que la participación en la central Guillermo Brown será ofertada tras la finalización de la liquidación del fideicomiso asociado a esa planta y la incorporación formal de las acciones al patrimonio de Enarsa.

Según lo estipulado en el decreto 1107/2026, divulgado hoy en el Boletín Oficial, se indica que el Ministerio de Economía, junto con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, se encargará de llevar a cabo los procedimientos. Esta decisión es parte de la privatización total de Enarsa, aprobada en 2025, y se orienta hacia la venta de activos dentro del sector de generación eléctrica.

La venta aprobada incluye la totalidad de las acciones que posee Energía Argentina S.A. en las centrales Termoeléctrica Manuel Belgrano y Termoeléctrica José de San Martín.

En lo que respecta a la Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. (TMB), Enarsa cuenta con 4.601.324 acciones, que representan el 65,01 % del capital social. Para la Termoeléctrica José de San Martín S.A. (TSM), la participación estatal asciende a 4.871.709 acciones, equivalentes al 68,83 % del capital accionario.

El resto de las acciones de ambas empresas se encuentran en manos de generadores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que formaron parte del Fondo para Inversiones Necesarias que Permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el MEM, conocido como Foninvemem.

Ambas sociedades fueron creadas el 13 de diciembre de 2005, en el marco de una política de expansión de la generación eléctrica impulsada con inversiones de empresas del MEM. Este plan contempló la construcción de dos centrales de ciclo combinado, cada una con una capacidad de al menos 800 megavatios.

Para gestionar la financiación de esos proyectos, en abril de 2006 se establecieron fideicomisos para las centrales Manuel Belgrano y Timbúes, perteneciente a la sociedad Termoeléctrica José de San Martín. Los contratos estipulaban la gestión de los recursos hasta la habilitación comercial de las plantas, así como el recupero de las inversiones a través de los contratos de abastecimiento con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA).

El 1 de junio de 2026 se firmaron convenios para la extinción y transferencia de los fideicomisos asociados a dichas centrales. Con estos acuerdos, comenzó el proceso de transferir los activos fideicomitidos a las sociedades beneficiarias: TMB y TSM.

La participación estatal en ambas empresas había sido asignada en 2021 a la entonces Integración Energética Argentina S.A., que ahora es Energía Argentina S.A., incluida entre las firmas estatales sujetas a privatización según el artículo 7 de la Ley 27.742.

La disposición recientemente publicada otorga al Ministerio de Economía la autoridad para vender los paquetes accionarios de TMB y TSM utilizando el mecanismo establecido en la Ley 23.696 de Reforma del Estado. Se optará por una licitación pública a nivel nacional e internacional, aunque el decreto aún no especifica fechas para la convocatoria, condiciones económicas ni requisitos para los potenciales oferentes.

La operación relacionada con la Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A. (CTGB) seguirá un cronograma distinto. Enarsa no posee actualmente de forma directa las acciones que contempla vender, ya que su ingreso como accionista está sujeto a la extinción del fideicomiso creado para la construcción, operación y mantenimiento de dicha central.

Los antecedentes incluidos en la medida indican que la participación de Enarsa en CTGB se determinará en función de las contribuciones realizadas por el Estado nacional para la construcción de la planta. Según una adenda firmada en 2012, esa proporción no debe ser inferior al 70 % del capital accionario.

El fideicomiso de la central Guillermo Brown vencerá el 30 de septiembre de 2026, de acuerdo a una adenda firmada el 9 de abril de este año. Una vez finalizado el contrato de abastecimiento del Mercado Eléctrico Mayorista, la sociedad gerente dispondrá de un plazo de 90 días para llevar a cabo los actos societarios requeridos e incorporar a Enarsa como accionista.

Solo después de esa incorporación, el Ministerio de Economía podrá convocar la licitación para la venta de las acciones. La Secretaría de Energía deberá participar, a través de los órganos societarios de CTGB, para gestionar la liquidación del fideicomiso y la suscripción de las acciones a nombre de Enarsa.

Por otro lado, el Palacio Nacional de las Artes (Palais de Glace), uno de los sitios culturales reconocidos como Monumento Histórico Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será sometido a un proceso de concesión orientado a su restauración, administración y sostenibilidad economicay.

El Decreto 1106/2026, también publicado hoy en el Boletín Oficial, establece una licitación pública a nivel nacional e internacional para elegir al futuro operador del edificio.

Este proyecto abarca la puesta en valor, reparación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios en la sede ubicada en Posadas 1725, también haciendo referencia a Avenida del Libertador 1248. El esquema permitirá actividades complementarias o accesorias, siempre que sean compatibles con el carácter cultural del inmueble.

La convocatoria debe llevarse a cabo dentro de los 12 meses siguientes a la vigencia del decreto y estará bajo la dirección del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Obras Públicas, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos.

Este proyecto define la concesión como una herramienta para garantizar la integridad material del edificio, así como para actualizar sus condiciones funcionales y fortalecer su operación. De acuerdo a los fundamentos de la norma, las actividades comerciales y los servicios que se incluyan deben ser de carácter instrumental, con el objetivo de generar recursos que financien las tareas de conservación y asegurando la continuidad de la función cultural del espacio.

Se estipula que las futuras explotaciones deberán ser “estrictamente compatibles con el carácter cultural” del Palacio Nacional de las Artes. Esta condición delimitará el tipo de propuestas que podrán formar parte del contrato y se deberá considerar al elaborar los pliegos y evaluar las ofertas.

Además de las intervenciones arquitectónicas, el proyecto incluye la administración cotidiana, el mantenimiento, la conservación y la eventual ampliación del inmueble. No obstante, la norma no indica cuáles serán las obras específicas, el presupuesto destinado ni la duración de la concesión.

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