La Rioja registró el mayor nivel de créditos en mora, con el 24,5% del total por monto. Le siguieron San Luis, con 22,6%, y Santa Cruz, con 22,2%. En el extremo opuesto se ubicaron La Pampa, con 9,1%, la Ciudad de Buenos Aires, con 11,9%, y Entre Ríos, con 13,4%.
El endeudamiento también presenta diferencias importantes. Al medir el crédito en relación con el Producto Bruto Geográfico de cada provincia, Tucumán aparece al frente con el equivalente al 13%, seguida por Catamarca (11,9%) y Formosa (11,6%). Neuquén, con 5%, Santiago del Estero (6,3%) y San Juan (7,3%) mostraron los niveles más bajos.
El deterioro de la cartera crediticia se aceleró durante el último año y medio. La morosidad, que representaba el 3,6% del crédito en diciembre de 2024, pasó al 12,6% un año después y llegó al 17,5% en junio de 2026. De esta manera, el indicador prácticamente se multiplicó por cinco en ese período.
Respecto de mayo, la mora aumentó 0,3 puntos porcentuales, mientras que frente a junio de 2025 avanzó 10,5 puntos. Además, el 26,1% de los deudores registra algún grado de incumplimiento, 8,8 puntos más que un año atrás.
Uno de los principales focos de preocupación está en el crédito no bancario. Los proveedores no financieros de crédito representan apenas el 14,1% del financiamiento total a personas, pero concentran una morosidad del 31%. En el sistema financiero tradicional, en cambio, la irregularidad se ubicó en 15,2%.
El aumento de los incumplimientos se produce, sin embargo, en un contexto de expansión del financiamiento. El crédito real a las familias creció 0,1% mensual y 9,1% interanual. Las 24 jurisdicciones registraron aumentos reales frente a junio del año pasado, con variaciones que fueron desde el 1,8% hasta el 13,1%.
En términos nominales, el crédito total otorgado a personas físicas alcanzó en junio los $97,1 billones. De ese monto, $83,4 billones correspondieron al sistema financiero y otros $13,7 billones a proveedores no financieros.
El escenario combina así una mayor disponibilidad de crédito con un deterioro sostenido de la capacidad de pago de los hogares, que se refleja con particular intensidad en algunas provincias y en el segmento de financiamiento no bancario.
