En el sexto mes del año, el Sector Público Nacional (SPN) tuvo un déficit primario de $696.843 millones y uno financiero de $1.024.891 millones. Los intereses netos alcanzaron los $328.049 millones, representando una carga significativa dentro del panorama fiscal del mes. Según lo expuesto por el ministro de Economía, estas cifras se debieron principalmente a dos factores: una disminución en los ingresos a causa de la postergación del pago de Ganancias y un aumento en los gastos vinculados a la estacionalidad de los aguinaldos.
El Ministerio de Economía decidió prorrogar la fecha de vencimiento del impuesto a las Ganancias, con la esperanza de que el Congreso aprobara la nueva Ley de Inocencia Fiscal, facilitando así la adhesión de un mayor número de contribuyentes al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Se consideró que esto permitiría a muchos optar por retirar dólares que tuvieran ahorrados. Sin embargo, la falta de avance en la legislatura complicó este plan, y el proyecto no llegó a discutirse.
Las cifras oficiales indican que, además del incremento en los gastos por aguinaldos, se amplió el monto destinado a subsidios, que pasó de $784.178 millones en mayo a $1 billón en junio. La mayor parte de este incremento se concentró en subsidios energéticos, especialmente en las bonificaciones de las tarifas de gas y electricidad. Desde la Secretaría de Energía, se afirmó que estas medidas estaban orientadas a proteger a los hogares más vulnerables de la volatilidad de los precios internacionales, generada en parte por el conflicto en Oriente Medio. Estas acciones también contribuyeron a la desaceleración de la inflación que busca el Gobierno.
Una consultora analizó que el gasto en subsidios energéticos llegó a representar en el primer semestre del año el 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI), superando el nivel registrado en el mismo periodo de 2025. El informe señaló que este aumento fue consecuencia tanto de los precios más altos de la energía como de la demora en la aplicación de la subida de tarifas. De acuerdo a los datos obtenidos, el gasto primario, excluyendo los subsidios energéticos, alcanzó el 6% del PBI en los primeros seis meses, 0,4 puntos porcentuales por debajo de lo registrado en 2025 y 1,4 puntos porcentuales menos que el promedio entre 2016 y 2023.
La consultora también destacó que las transferencias discrecionales a las provincias y la obra pública fueron las áreas que más recortes presupuestarios sufrieron, mostrando caídas incluso en términos nominales en comparación con un año atrás. En términos reales, estas transferencias se redujeron un 64% y la obra pública un 29% anual. Además, la deuda flotante, es decir, las obligaciones de pago pendientes al cierre del mes, aumentó nuevamente en junio, alcanzando el 0,3% del PBI, lo que significó un incremento de 0,2 puntos porcentuales en relación al mes anterior.
Adicionalmente, en paralelo a la mayor bonificación en las tarifas, el 15 de mayo, la Secretaría de Energía anunció un subsidio para cubrir el costo de las importaciones de gas natural licuado (GNL), destinadas a hogares, hospitales, escuelas y servicios esenciales durante el invierno, buscando así evitar aumentos bruscos en las tarifas que pudieran presionar aún más la inflación. Según la resolución oficial, el Estado cubrirá inicialmente la diferencia entre el costo internacional del GNL, estimado en USD 20 por millón de BTU, y el precio local promedio, fijado en USD 3,79.
De acuerdo a estimaciones, el monto a financiar por el Estado oscilaría entre USD 150 y USD 200 millones, y solo se trasladará a los usuarios finales una vez superado el pico de demanda invernal. Este mecanismo, denominado Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), busca suavizar las facturas de gas en los meses más fríos, permitiendo a los usuarios residenciales abonar la diferencia a partir de noviembre, en cuotas que se distribuirán durante seis meses. Por lo tanto, el elevado gasto público en estos meses podría compensarse hacia finales de año.
El desafío que enfrenta el Gobierno por estas medidas que significan un aumento en el gasto público es el incumplimiento de la meta de resultado fiscal primario pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el primer semestre de 2026. “En el informe del staff de mayo, el Gobierno se comprometió a lograr un superávit primario de $6,86 billones en el primer semestre. Alcanzó $6,29 billones. No hay una gran diferencia y el Fondo seguramente otorgará un waiver, pero es indicativo de que hay menos flexibilidad que en años anteriores”, comentaron desde la consultora.
De cara a este mes, el ministro Caputo consolidó mayores ingresos. Tras una reunión mantenida el viernes con contadores, se decidió que el 27 de julio será la fecha de pago del impuesto a las Ganancias de personas humanas, mientras que se extenderá hasta el 27 de agosto la presentación de la declaración jurada. Se anticipa que, para ese entonces, el Congreso apruebe la nueva Ley de Inocencia Fiscal, permitiendo que un mayor número de contribuyentes se adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).
El hecho de que no se postergara la fecha de pago de Ganancias sugiere que el estado nacional obtendrá mayores ingresos en este mes, lo mismo ocurrirá para las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), dado que se trata de un impuesto que se coparticipa.
Sin embargo, entre los contadores existen objeciones a la decisión del equipo económico, ya que sostienen que para poder realizar el pago del impuesto es necesario presentar la declaración jurada. No obstante, los tributaristas que participaron del encuentro con el ministro defienden que se trató de la mejor alternativa, ya que la otra opción era que se tuviera que realizar la presentación en julio y, en caso de sancionarse la nueva ley, adhirieran al RSG luego.
