En un evento reciente, presentó un programa de financiamiento que abarca los años 2026 y 2027, donde se prevé la obtención de 2.300 millones de dólares a través de la venta de activos estatales, los cuales se destinarán prioritariamente a asegurar el pago de vencimientos de deuda en un período marcado por el calendario electoral. Es fundamental analizar cómo este proceso impacta el frente fiscal y en qué estado se encuentran los principales activos en venta.
El plan incluye la proyección de ingresos por 800 millones de dólares en 2026 y 1.500 millones de dólares en 2027, que se sumarán a otras fuentes de financiamiento como colocaciones de deuda en el mercado interno, préstamos de organismos multilaterales, futuras emisiones de bonos en moneda extranjera y desembolsos programados en el presupuesto oficial. De acuerdo al equipo económico, la intención es cubrir los compromisos de deuda sin depender de la emisión de deuda a nivel internacional, en un contexto en el que el Gobierno trabaja para reducir el riesgo país que está a punto de alcanzar un límite crítico y así, recuperar el acceso al crédito externo en condiciones más favorables.
En la lista de activos a privatizar se encuentran AySA, Belgrano Cargas, Intercargo y las centrales termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano. Sin embargo, los procesos de cada uno avanzan a diferentes ritmos y fases.
AySA se encuentra a la vanguardia de la hoja de ruta del Gobierno para este año. Tras ser declarada “sujeta a privatización” mediante la Ley Bases, se ha avanzado este año con un nuevo decreto que habilita la transferencia del 90% del capital accionario. En las últimas semanas, el proceso ha registrado desarrollos significativos. La apertura de ofertas está programada para finales de agosto, y el Gobierno ha apelado a una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que había detenido temporalmente el proceso de privatización. Este fallo no debería interferir con el cronograma previsto, dado que fue dictado por la Justicia bonaerense sobre una cuestión regulada por una normativa federal, la Ley Bases, que fue aprobada por el Congreso Nacional.
La licitación de AySA se llevará a cabo sin un precio base. El pliego exige que el comprador tenga experiencia verificable en la gestión de sistemas de agua potable y saneamiento, permite consorcios y fondos de inversión, pero excluye a empresas controladas por Estados extranjeros, firmas que cuenten con sanciones de organismos internacionales, compañías en quiebra o con antecedentes de corrupción.
Este proceso de privatización contempla dos etapas: en primer lugar, al menos el 51% será vendido a un operador estratégico mediante la licitación, y posteriormente se ofrecerán el resto de las acciones en el mercado de capitales. Actualmente, AySA brinda servicios tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en 26 municipios del conurbano bonaerense, alcanzando más del 85% en la cobertura de agua potable y un 70% en el área de saneamiento.
Otro de los procesos más avanzados es el de Belgrano Cargas. Los pliegos están actualmente en revisión final, y solo falta la firma del ministro Caputo para su publicación. Una vez publicados, se abrirá un plazo aproximado de 90 días para la presentación de ofertas, con la intención oficial de adjudicar la concesión antes de que finalice el año. La licitación dividirá este negocio en tres procesos independientes: la administración de vías, talleres y material rodante. Además, se introducirá un sistema de acceso abierto, que permitirá a diversos operadores utilizar la red ferroviaria mediante el pago de un canon. Este proyecto ha despertado interés entre importantes exportadoras de granos y empresas relacionadas con la logística, aunque se requerirán inversiones que ascienden a cientos de millones de dólares para renovar la infraestructura, locomotoras y vagones, además de incrementar la capacidad de transporte.
El caso de Intercargo presenta un panorama distinto. La licitación que se llevó a cabo el 25 de junio no atrajo ofertas válidas, tras varias postergaciones en la apertura de sobres. Finalmente, ningún privado cumplió con los requisitos técnicos y económicos establecidos para asumir la empresa estatal que opera en los 21 aeropuertos más importantes del país. El Gobierno ahora deberá decidir si modifica las condiciones de la licitación o realiza un nuevo llamado.
Respecto a las centrales termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano, el proceso se encuentra aún en una fase preliminar. Los equipos técnicos están trabajando en la confección de los pliegos y la documentación necesaria para lanzar las licitaciones en los meses próximos.
En cuanto a Nucleoeléctrica Argentina (NASA), el Gobierno mantiene vigente el decreto que permite la privatización parcial del 44% de su capital, aunque el proceso ha quedado temporalmente en pausa debido a cambios en la conducción de la empresa y la revisión del plan nuclear oficial.
Por último, está pendiente la venta de Metrogas, donde YPF mantiene una participación del 70%. Este proceso se encuentra en etapa de due diligence, tras haber recibido ofertas no vinculantes de 13 empresas. La operación está siendo asesorada por Citigroup y se espera que se materialice durante 2026, sujeto a las necesarias aprobaciones regulatorias.
En este marco, parece que AySA y Belgrano Cargas son las privatizaciones con mayores probabilidades de concretarse antes de que termine el año, dada su mayor avance en el proceso. Sin embargo, cualquier solicitud de prórroga de los interesados o eventuales demoras administrativas podrían extender el cronograma, aunque no se anticipan complicaciones significativas para cumplir con los plazos de la primera parte de 2027.
Estos dólares que se podrían obtener no son un tema menor. Las privatizaciones son una parte fundamental de la estrategia de Luis Caputo para cubrir los vencimientos de deuda de 2026 y 2027 sin necesidad de regresar a los mercados internacionales a colocar deuda a tasas cercanas al 8% o superiores. Los ingresos por la venta de activos estatales se complementarán con el refinanciamiento en pesos, el financiamiento de organismos multilaterales y otras fuentes de recursos que están incluidas en el programa presentado por el Ministerio de Economía.
Sin embargo, el rol de las privatizaciones trasciende las necesidades financieras. También se han convertido en un pilar fundamental para mantener el equilibrio fiscal. Un estudio reciente ha indicado que los ingresos derivados de la venta de activos fueron clave para sostener el superávit en la primera mitad del año.
Entre enero y junio, el superávit primario sufrió una caída del 26,9% en términos reales, mientras que el superávit financiero se redujo un 61,5%. Sin embargo, lo que resulta notable es que, sin los ingresos extraordinarios provenientes de las privatizaciones, el deterioro hubiera sido aún más significativo: el superávit primario habría disminuido un 37,6% y el financiero habría caído un 88,7%, según estimaciones del organismo.
Este dato subraya la relevancia que las privatizaciones han adquirido dentro del programa económico actual. Con gran parte del ajuste en el gasto ya realizado, el margen para seguir recortando partidas presupuestarias es cada vez más limitado. De hecho, en el primer semestre, solo se registró un crecimiento en términos reales de ciertos ítems como los subsidios energéticos (69,9%), las transferencias a universidades (10,3%), la Asignación Universal por Hijo (3,8%) y las jubilaciones y pensiones (3%). La mayoría de las demás partidas experimentaron caídas, algunas de hasta un 90,9%.
En este contexto, la venta de activos estatales no solo busca generar dólares para cumplir con los vencimientos de deuda, sino que también intenta sostener el equilibrio fiscal sin profundizar un ajuste que podría tener un efecto negativo sobre la actividad económica y, por ende, sobre la recaudación tributaria.
