El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso contempla un gasto total de $202,10 billones en términos constantes, lo que se traduce en una acentuada disminución real del 26,7% en comparación con lo que se gastó en 2023. Aunque este monto representa un aumento respecto a 2026 —del 13,3% con respecto al presupuesto aprobado y un 10% en relación al vigente—, este incremento es insuficiente para revertir el ajuste que se ha implementado desde 2024.

Un estudio realizado por el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) revela que diversas áreas que enfrentaron recortes significativos continuarán con esta tendencia, incluso con la recomposición prevista para el año 2027. Específicamente, los fondos destinados a universidades, educación, vivienda, infraestructura y transferencias sociales mostrarán marcadas diferencias en comparación con 2023.

El proyecto prevé ingresos tributarios por $122,59 billones, lo que refleja un crecimiento real del 8,4% en relación con 2026. Sin embargo, los ingresos totales estimados ascienden a $202,35 billones, lo que implica una caída real del 9,7% respecto al presupuesto actual.

Esta discrepancia se explica, en gran medida, por la disminución de las rentas de la propiedad, que pasarían de $34,90 billones en 2026 a $12,07 billones en 2027, lo que representa una reducción real del 71,3%. Este cambio se debe a que el Banco Central transfirió al Tesoro $24,42 billones en 2026 en concepto de utilidades, ingreso que no se prevé para 2027.

La comparación entre el gasto devengado en 2023 y el proyectado para 2027 en términos constantes revela importantes diferencias en partidas clave. Por ejemplo, el presupuesto destinado a universidades nacionales se vería reducido en un 25%, pasando de $10,01 billones a $7,50 billones.

El Fondo de Compensación Salarial Docente registra una de las mayores disminuciones, con una caída de $2,42 billones en 2023 a tan solo $0,01 billones en 2027, lo que equivale a un descenso real del 99,4%.

También se anticipan recortes en las Becas Progresar, que disminuirían un 77,1%, de $2,14 billones a $0,49 billones; en el bono previsional para jubilados, con una reducción del 60,8%, de $7,57 billones a $2,97 billones; y en Infraestructura y Vivienda, que descendería de $17,80 billones a $4,91 billones, lo que representa una disminución real del 72,4%.

El ajuste es aún más pronunciado al analizar las funciones del clasificador presupuestario y comparar el proyecto 2027 con el gasto de 2023. Vivienda y Urbanismo experimenta una caída real del 98,9%, además de disminuir un 17,2% en relación con el presupuesto vigente de 2026. Por su parte, Agua Potable y Alcantarillado tendría una reducción del 93% respecto a 2023 y un 25,7% frente al vigente de este año. En el ámbito de Energía, Combustibles y Minería, la caída alcanza el 70% con respecto a 2023 y un 21,4% en comparación con 2026.

El análisis también incluye Comunicaciones, con un descenso del 81,4% respecto a 2023; Comercio, Turismo y Otros Servicios, con una baja del 80,4%; y Promoción y Asistencia Social, con un 77,2%. Otras áreas afectadas son Industria, con una reducción del 76,5%, y Ecología y Desarrollo Sostenible, con un 70,7%.

Las reducciones continúan en Relaciones Interiores (68,5%), Agricultura, Ganadería y Pesca (66,6%), Dirección Superior Ejecutiva (65%), y Transporte (62,1%). Educación y Cultura muestran una baja del 44%; Legislativa, del 39,9%; y Ciencia, Tecnología e Innovación, del 37,9%.

No obstante, en varias de estas áreas, el proyecto contempla una ligera recuperación en comparación con el presupuesto vigente de 2026. Esta situación contrasta con sectores como Vivienda, Agua y Energía, donde los recortes siguen profundizándose.

El presupuesto 2027 mantiene a numerosas áreas por debajo de los niveles de gasto de 2023, aunque algunos casos prevén una recomposición respecto al presupuesto actual de 2026. Infraestructura y vivienda resalta como el sector con la mayor reducción, del 72,4% en términos reales con respecto a 2023, seguido por Educación (-44%), Ciencia y Tecnología (-37,9%), Seguridad (-28,3%), y Discapacidad (-24,4%).

En el ámbito de Políticas Sociales y Seguridad Social, el gasto está un 11,8% por debajo de 2023, aunque presenta una recuperación del 15,2% en comparación con el presupuesto vigente de 2026. El sector Trabajo muestra un ligero incremento del 1,8% respecto a 2023.

Por otro lado, Salud destaca como la única área que combina un crecimiento frente a 2023, alcanzando un 29,5%, y un incremento del 13,1% en relación con el presupuesto vigente de 2026.

El OCEPP señala un matiz en el caso de Trabajo debido a la reestructura del antiguo programa Potenciar Trabajo. En 2023, este programa figuraba como una única partida dentro del Ministerio de Desarrollo Social, con un gasto de $1.021.601 millones. A partir de 2024, se dividió en dos iniciativas: Volver al Trabajo, que se integró en la función Trabajo, y Acompañamiento Social, que permaneció en Promoción y Asistencia Social.

Esta división alteró la comparación entre ambas áreas. Las Acciones de Empleo pasaron de $46.704 millones en 2023 a $761.579 millones en 2026, mientras que las Acciones de Inclusión Social sufrieron una reducción del 95,3% en términos reales durante el mismo periodo.

Considerando juntos ambos programas, el OCEPP estima que la política relacionada con el antiguo Potenciar Trabajo disminuyó un 83,6% en términos reales entre 2023 y 2026. Así, el crecimiento observado en la función Trabajo se atribuye en parte a la reestructuración de la clasificación presupuestaria y no necesariamente a un aumento del gasto destinado a esta política.

En términos de finalidad, el 74,7% del presupuesto 2027 se dirige a Servicios Sociales, totalizando $150,91 billones. A continuación, se ubican la Deuda Pública (9,2%), los Servicios Económicos (6,5%), la Administración Gubernamental (4,9%), y los Servicios de Defensa y Seguridad (4,7%).

Por jurisdicción, el Ministerio de Capital Humano concentra la mayor parte del gasto, alcanzando $119,87 billones, que equivale al 59,3% del total. Les siguen el Servicio de la Deuda Pública (9,2%), las Obligaciones a Cargo del Tesoro (7,3%), el Ministerio de Salud (5,3%), el Ministerio de Seguridad Nacional (5%), el Ministerio de Economía (4,7%), el Ministerio de Defensa (4%), y el Poder Judicial de la Nación (1,5%).

El resto del gasto se reparte entre otras siete jurisdicciones, que en conjunto representan únicamente el 3,6% del presupuesto proyectado.

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