En este contexto, una organización no gubernamental presentó al Gobierno una propuesta para incentivar a los consumidores a solicitar factura y, de esa manera, favorecer la formalización de las operaciones. El esquema contempla beneficios económicos para quienes pidan comprobantes, sorteos mensuales y un mecanismo para denunciar a los comercios que no cumplan con la obligación de emitirlos.
La iniciativa ya fue entregada formalmente a las autoridades y sus impulsores buscan avanzar en una reunión con el equipo económico para explicar el proyecto. También manifestaron su disposición a colaborar en el eventual diseño y puesta en marcha del sistema.
Se trata de una segunda iniciativa vinculada con la transparencia fiscal, luego de un régimen que permite desde el año pasado identificar los impuestos incluidos en los comprobantes de compra. En este caso, el objetivo es sumar un incentivo económico concreto para los consumidores y aumentar la cantidad de operaciones que ingresan al circuito formal.
El esquema plantea dos beneficios directos: reintegros fiscales y sorteos mensuales. A esto se agrega un sistema de denuncias para informar sobre comercios que no emitan comprobantes.
En el caso de los reintegros, la propuesta utiliza como ejemplo una devolución equivalente al 30% del IVA de cada operación. Con una alícuota del 21%, el beneficio para el consumidor sería del 6,3% del monto de la compra. La organización aclara que se trata de un ejemplo destinado a mostrar el potencial del mecanismo y no de un porcentaje establecido para una eventual aplicación.
La iniciativa también contempla la participación de las provincias. Aquellas jurisdicciones que decidan adherir podrían sumar un reintegro parcial del impuesto a los Ingresos Brutos. Como referencia, el esquema plantea una devolución equivalente al 30% de ese tributo.
De acuerdo con ese ejemplo, si la alícuota de Ingresos Brutos fuera del 5%, el consumidor recibiría un reintegro del 1,5%. Al sumarlo al 6,3% correspondiente al IVA, la devolución podría llegar al 7,8% del valor de la compra.
Los porcentajes finales dependerían de las características que tenga el régimen y del nivel de adhesión de las provincias. Las cifras incluidas en la propuesta funcionan como una referencia para dimensionar el posible efecto del incentivo.
El segundo componente son los sorteos mensuales. La iniciativa toma como antecedente la LoterIVA, un mecanismo implementado en Argentina hace tres décadas, y propone que las compras formalizadas permitan acceder a premios además de los reintegros tributarios.
Uno de los puntos centrales del esquema es que su utilización sea sencilla para el consumidor. El modelo de referencia es el sistema brasileño, en el que la devolución y la participación en los sorteos se activan a partir de la identificación fiscal del comprador ante el comerciante, mediante un mecanismo comparable al uso del CUIT en Argentina.
Según la propuesta, el procedimiento sería automático y no requeriría trámites posteriores. El consumidor debería proporcionar su CUIT al momento de realizar la compra, independientemente de que se trate de un supermercado, un restaurante u otro comercio.
El reintegro, además, no se efectuaría en forma inmediata. El esquema contempla un período de espera vinculado al momento en que se produce el ingreso efectivo del impuesto al sistema. La propuesta toma como referencia un plazo de dos meses relacionado con el proceso de liquidación y pago mensual del IVA.
La cantidad de oportunidades para participar en los sorteos también estaría vinculada con las compras realizadas. En el modelo brasileño, cada operación genera una determinada cantidad de posibilidades de participación, que puede aumentar de acuerdo con la cantidad y el monto de las adquisiciones.
En Brasil, los premios contemplados por el sistema van desde los 5.000 hasta los 50.000 dólares, mientras que determinados premios anuales pueden alcanzar los 200.000 dólares.
La propuesta también prevé una implementación progresiva en caso de que las autoridades busquen reducir inicialmente el costo fiscal. Entre las alternativas mencionadas aparece la posibilidad de comenzar con un sector específico, como los supermercados, y posteriormente ampliar el alcance del programa. También se contempla la utilización de bonos.
El principal antecedente tomado por la iniciativa es el régimen CPF Nota Fiscal de Brasil, que combina reintegros tributarios, sorteos y mecanismos de participación ciudadana vinculados con el cumplimiento de las obligaciones de los establecimientos. El sistema comenzó en el estado de São Paulo en 2005 y posteriormente se extendió a otras regiones.
En ese país, uno de los principales incentivos consiste en la devolución del 30% del ICMS, un impuesto estatal que el proyecto utiliza como referencia para compararlo con el IVA argentino. Con alícuotas que van del 18% al 25%, el reintegro representa entre el 5,4% y el 7,5% del precio neto de los productos.
A ese beneficio se suman los sorteos, con premios de hasta 50.000 dólares mensuales y 200.000 dólares anuales. La participación requiere que el consumidor presente su número de identificación fiscal al momento de la compra.
Según los datos utilizados para fundamentar la propuesta, durante los primeros tres años de implementación del sistema en São Paulo las ventas declaradas crecieron un 22,9%. El costo del régimen fue equivalente al 9,4%, de acuerdo con el mismo análisis. Dentro de ese costo, el 73% correspondió a las devoluciones y el 26% a los sorteos, mientras que la recaudación neta adicional alcanzó el 13,5%.
El diagnóstico sobre el que se apoya la iniciativa también pone el foco en el nivel de informalidad de la economía argentina. Según las estimaciones citadas en la propuesta, el fenómeno alcanzaría aproximadamente al 50% de las operaciones, de modo que por cada transacción formal existiría otra que no se registra mediante factura.
El planteo también incorpora como referencia la posición de Argentina en el Ranking de Competitividad Mundial, donde figura en el puesto 66 entre 70 economías. La propuesta sostiene que el nivel de presión tributaria y la magnitud de la informalidad constituyen problemas que deben ser abordados de manera simultánea.
