El debate surgió luego de que el Gobierno volviera a descartar una intervención estatal para asistir a quienes acumularon atrasos en sus préstamos. El presidente Javier Milei sostuvo que se trata de un “problema entre privados”.
Lacunza cuestionó esa posición mediante una comparación con los accidentes de tránsito. Planteó que, aunque un choque constituye inicialmente un conflicto entre particulares, puede requerir posteriormente la intervención de organismos estatales, como la policía, los servicios de emergencia o la Justicia. Según su planteo, el Estado debe controlar el cumplimiento de las normas y favorecer acuerdos, pero no necesariamente afrontar con fondos públicos los daños ocasionados.
El exministro trasladó esa lógica al mercado crediticio y advirtió que una expansión acelerada del crédito destinada a recuperar el consumo, sin suficiente educación financiera, puede incrementar las dificultades de quienes deben afrontar las cuotas.
Bausili respondió al planteo y cuestionó que el problema fuera presentado como una falta de supervisión estatal. El titular del Banco Central sostuvo que Lacunza conocía el funcionamiento del sistema y consideró que su interpretación transformaba una disputa económica entre privados en una supuesta deficiencia de control.
Lacunza continuó con la discusión y sostuvo que el foco debía estar puesto en la situación de los deudores. Según los datos que difundió, el 28% de las personas con deudas se encuentra en situación de mora. El porcentaje representa el 12,8% del monto adeudado y asciende al 15,5% si se incluyen las obligaciones vinculadas con billeteras virtuales.
El exministro también señaló que las proyecciones sobre la evolución de los salarios reales podían haber sido demasiado optimistas, lo que habría afectado la capacidad de repago de los hogares. Además, advirtió sobre los contratos de crédito en los que existe una diferencia de información entre prestamistas y tomadores, especialmente cuando las cuotas incluyen tasas elevadas en un contexto de desaceleración de la inflación.
En ese marco, Lacunza consideró que negar la existencia del problema representaría una dificultad adicional y sostuvo que no debería dejarse sin respuesta a las personas que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones.
Al mismo tiempo, planteó que una eventual solución no necesariamente debería implicar el uso de fondos públicos y destacó la capacidad del titular del Banco Central para abordar la situación sin recurrir a recursos del Estado.
