La normativa comenzará a aplicarse el 1° de enero de 2027 y establecerá nuevos requisitos para productos como soja, carne bovina y sus derivados. Las exportaciones deberán acreditar que provienen de zonas que no fueron deforestadas ni degradadas después del 31 de diciembre de 2020, además de cumplir con otros estándares ambientales y sociales.
Durante un encuentro del sector, especialistas coincidieron en que la medida representa un desafío, pero también una oportunidad para que Argentina mejore su posicionamiento frente a otros países exportadores. En ese sentido, destacaron la importancia de contar con información precisa sobre el origen de cada producto.
Uno de los principales avances señalados es el desarrollo de una plataforma de trazabilidad impulsada por la cadena agroindustrial, que permite integrar información de productores, operadores y establecimientos productivos. El objetivo es ampliar su alcance antes de la implementación del reglamento europeo.
Desde el sector remarcaron que la exigencia ya no debe analizarse como una posibilidad futura, sino como una condición concreta del comercio internacional. También advirtieron que no cumplir con los nuevos requisitos podría afectar la competitividad argentina frente a otros proveedores que sí logren adaptarse.
La incorporación de productores al sistema de trazabilidad será uno de los puntos centrales en los próximos meses. Según explicaron, la respuesta debe ser colectiva para transformar la nueva regulación en una ventaja comercial y sostener la participación argentina en mercados de alta exigencia.
