A través del Decreto 716/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo confirmó los acuerdos alcanzados con los trabajadores del sector tras el levantamiento de un paro que había afectado el movimiento de cerca de 200 buques y generado importantes pérdidas económicas.
La administración de Javier Milei buscaba modificar el esquema vigente del servicio de practicaje, una actividad considerada clave para la asistencia y coordinación del ingreso y egreso de embarcaciones en los puertos. La iniciativa formaba parte de la agenda oficial de desregulación y reducción de regulaciones.
Durante las negociaciones, desde el sector plantearon que la operación de buques sin la intervención de prácticos resultaba inviable debido a las características de navegación en zonas como el Río de la Plata y el río Paraná, donde existen dificultades técnicas y riesgos asociados al tránsito de embarcaciones.
El nuevo decreto establece la suspensión temporal de los efectos del Decreto 690/2026, una norma que había modificado el “Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina” y que había tenido vigencia durante una semana.
Esa normativa había eliminado determinados requisitos considerados restrictivos para el ingreso de nuevos prestadores al mercado del practicaje. La medida generó rechazo entre los actuales trabajadores del sector, quienes iniciaron acciones gremiales que afectaron la circulación de buques en los puertos.
Ante el riesgo de una interrupción prolongada de la actividad, autoridades del Ministerio de Seguridad convocaron a una instancia de diálogo con representantes del sector para destrabar el conflicto.
El Decreto 716/2026 formaliza los acuerdos alcanzados y restablece la vigencia de las disposiciones anteriores que habían sido modificadas por la norma suspendida. El objetivo señalado por el Gobierno es reducir el impacto de la crisis generada y garantizar la continuidad del servicio.
Además, la medida dispone la creación de una Mesa de Trabajo dependiente del Ministerio de Seguridad, que estará integrada por funcionarios de esa cartera, representantes de la Prefectura Naval Argentina, integrantes de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y representantes del sector de practicaje y pilotaje.
Por último, el decreto instruye a los organismos correspondientes del Ministerio de Seguridad, la Prefectura Naval Argentina y la ANPYN a implementar las acciones necesarias para preservar la seguridad, asegurar la continuidad de la navegación y garantizar el funcionamiento de la actividad portuaria en todo el país.
