Pobladores, pequeños productores y asambleas de distintos puntos de Catamarca cuestionan el impacto que, según advierten, están generando las tareas de exploración minera sobre los suelos y los recursos naturales de la provincia. Entre las principales preocupaciones señalan el desmonte, la apertura de caminos y huellas para maquinaria pesada y el movimiento de áridos.
Los sectores afectados sostienen que una de las principales alteraciones sobre el terreno se produce durante el descapote mecánico y la construcción de caminos de prospección. En zonas áridas y serranas, explican, la remoción de la cobertura vegetal deja expuesto el suelo a la acción del viento y de las lluvias intensas y temporarias, lo que favorecería la erosión y el avance de procesos de desertificación en áreas rurales.
A este impacto se suma, según las advertencias planteadas por productores y vecinos, el riesgo asociado a los sedimentos, polvos minerales y posibles lixiviados provenientes de materiales triturados y efluentes residuales. La preocupación alcanza especialmente a sectores cercanos a exploraciones metalíferas y de litio en roca pegmatítica, donde se señala que la modificación de las condiciones del suelo podría afectar parcelas utilizadas históricamente para producir pasturas destinadas a la cría comunitaria de ganado menor.
Otro de los puntos señalados es el tránsito de vehículos de gran porte. Los pequeños productores sostienen que la circulación constante de maquinaria y transportes compacta la superficie, reduce su capacidad de infiltración y puede modificar el recorrido natural del agua hacia las napas.
Según esta mirada, las modificaciones del terreno también podrían afectar vertientes y sectores productivos que abastecen a economías familiares. Los productores advierten que el desvío de los cursos naturales de agua representa un riesgo para los oasis donde se desarrolla parte de la actividad agrícola de pequeña escala.
Las críticas también apuntan a los controles estatales. Distintos sectores comunitarios y legislativos cuestionan al gobernador Raúl Jalil y al Ministerio de Minería provincial por, según plantean, permitir tareas de exploración sin estudios previos suficientes sobre la calidad de los suelos.
Entre los reclamos aparece además la situación de las zanjas, caminos y terraplenes que quedan luego de las tareas exploratorias. Los sectores que cuestionan estas actividades sostienen que esas intervenciones pueden dejar superficies inutilizadas para la producción agrícola tradicional si no existe una posterior restauración.
En las zonas serranas también plantean objeciones al uso intensivo de áridos y recursos hídricos. Los residentes cuestionan que se habiliten estas actividades sin que, según afirman, existan planes obligatorios de remediación y fondos de garantía destinados a recuperar los terrenos afectados.
El conflicto se desarrolla en paralelo al impulso que la provincia busca dar a la actividad minera. Frente a ese escenario, productores y vecinos reclaman que las advertencias vinculadas con el deterioro de los suelos, el agua y la capacidad productiva de las tierras sean consideradas dentro de los controles sobre las tareas de exploración.
Los sectores movilizados sostienen que la continuidad de estas intervenciones sin medidas de restauración podría profundizar el deterioro de los terrenos rurales. Por ese motivo, reclaman al Poder Ejecutivo provincial que suspenda los desmontes vinculados con actividades mineras que, según advierten, puedan comprometer las condiciones de vida y producción de las comunidades.
