Esta iniciativa busca realizar cambios en la ley aprobada a principios de año, la cual reformó el Régimen Penal Tributario y estableció un esquema simplificado para el pago de Ganancias. Entre otras disposiciones, la normativa permitía a los contribuyentes utilizar ahorros de hasta $100 millones sin enfrentar sanciones fiscales, a condición de no superar ingresos anuales de $1.000 millones y un patrimonio de $10.000 millones.
Uno de los principales objetivos del nuevo proyecto es corregir aspectos que han recibido críticas de contadores, especialmente el riesgo de perder los beneficios del régimen por discrepancias encontradas por ARCA en las declaraciones juradas.
Para abordar estas inquietudes, el Gobierno propondrá eliminar los límites vigentes y permitir a los contribuyentes rectificar sus declaraciones juradas para subsanar inconsistencias sin ser excluidos del régimen. Esto les permitirá mantener los beneficios siempre que regularicen su situación.
El anteproyecto también estipula que, hasta el 31 de diciembre de 2027, los fondos de los contribuyentes alcanzados por la presunción de exactitud establecida en la ley gozarán de un tratamiento especial.
Además, la propuesta busca otorgar mayor previsibilidad al sistema, ya que ARCA solo podrá cuestionar una declaración jurada si logra demostrar, con evidencia objetiva, la existencia de diferencias significativas. También contempla la exención de ciertas multas para aquellos que hayan regularizado ajustes en Ganancias o IVA y que se adhieran al régimen simplificado.
La legislación actual ya había incrementado significativamente los montos mínimos para considerar delitos de evasión fiscal. Para la evasión simple, el umbral pasó de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para la evasión agravada aumentó de $15 millones a $1.000 millones. Asimismo, se actualizaron las cifras relacionadas con otras infracciones, como la utilización de facturación apócrifa y la apropiación de impuestos retenidos.
Otra de las medidas permite a ARCA abstenerse de promover denuncias penales cuando el contribuyente regularice su situación antes del inicio de un proceso judicial o cancele la deuda con intereses y recargos dentro de los plazos establecidos. Además, la reforma redujo a tres años el plazo para fiscalizar y reclamar tributos omitidos o aplicar sanciones.
El régimen estará disponible para personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que, durante los tres ejercicios fiscales correspondientes, hayan reportado ingresos de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones, y que no sean considerados grandes contribuyentes nacionales por ARCA.
La presentación del proyecto ocurre pocos días después de que el Gobierno decidiera extender hasta el 27 de agosto el plazo para la presentación de declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de personas humanas para el período fiscal 2025, aunque el vencimiento del pago se mantuvo para el 27 de julio. Además, se reprogramó el primer anticipo del impuesto para septiembre.
Esta decisión se tomó tras nuevas reuniones entre el Ministerio de Economía, ARCA y los consejos profesionales de ciencias económicas, quienes habían solicitado más tiempo y ajustes en el régimen simplificado debido a las dificultades operativas y los riesgos que enfrentan los contribuyentes.
