La diputada Silvia Malfesi, representante del bloque Somos Vida – Partido Libertario, solicitó al Gobierno de Maximiliano Pullaro que aclare la cantidad y localización de los radares en rutas nacionales, qué dispositivos cuentan con la aprobación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y cuánto se ha recaudado en los últimos dos años a través de estos equipos cuestionados.
Además, requirió información sobre los criterios legales que aplicará el Gobierno en caso de confirmarse irregularidades, así como el papel que desempeñan las empresas privadas encargadas de operar dichos dispositivos. Como ejemplo mencionó el radar ubicado en la ruta nacional 168, en la zona metropolitana de la capital provincial.
Este planteo se basa en un informe de Vialidad Nacional que señaló la existencia de más de 100 cinemómetros operativos en corredores nacionales santafesinos sin los permisos requeridos por la normativa vigente.
Previo a esto, el concejal Pablo Mussio, del partido La Libertad Avanza, había denunciado la existencia de 107 radares en esta situación, incluyendo los de la circunvalación de Rosario, y contrastó esta cifra con las de otras provincias, que son considerablemente inferiores.
De acuerdo con Mussio, Vialidad Nacional ya había advertido a municipios y a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) sobre la necesidad de suspender el funcionamiento de los equipos no autorizados.
Un antecedente relevante se remonta a noviembre de 2025, cuando la Dirección Nacional de Vialidad confirmó por escrito que nunca dio autorización para el radar en la ruta 168, en Colastiné Sur, en respuesta a un reclamo de la abogada Patricia Almirall. A pesar de la advertencia, el dispositivo continúa funcionando y las multas siguen siendo emitidas.
Por su parte, el secretario de la APSV, Carlos Torres, defendió la postura provincial y aseguró que Santa Fe se reserva el derecho de controlar las velocidades en rutas nacionales y provinciales sin requerir autorización nacional. En mayo, un dictamen de la Fiscalía de Estado, bajo la conducción de Domingo Rondina, había sugerido realizar una revisión exhaustiva del sistema, en el marco de un acuerdo de 2020 que estipula que la ubicación de los radares debe concordarse entre las autoridades nacionales y provinciales.
En caso de que se confirmen las irregularidades, las multas emitidas podrían ser anuladas.
