El expediente indica que los imputados conformaron una organización destinada a llevar a cabo diversos delitos, a partir de llamadas realizadas por internos del establecimiento carcelario de Bouwer. Suplantando la identidad de personal de Anses y otros organismos estatales, sus víctimas, principalmente residentes de diferentes localidades de Río Negro, eran engañadas bajo la promesa de recibir una suma de dinero en concepto de Reparación Histórica o Ingreso Familiar de Emergencia, programa instaurado por la crisis sanitaria.
La investigación reveló que los denunciados guiaban a las víctimas para que asistieran a un cajero automático, donde debían seguir instrucciones que, en realidad, conducían a realizar operaciones que no lograban entender del todo o a gestionar préstamos en sus cuentas bancarias. Posteriormente, el dinero transferido se canalizaba hacia cuentas dispuestas por cómplices externos al penitenciario.
De esta manera, según expuesto por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, se lograba obtener un beneficio económico ilícito. De los 32 imputados, 13 se encuentran actualmente privados de libertad, mientras que a cuatro de las imputadas se les ha concedido prisión domiciliaria debido a circunstancias familiares particulares. Además, se destaca que dos de los detenidos ya cumplían condena.
