La demanda fue presentada por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien basó su argumentación en un tiroteo ocurrido en 2025 en la Universidad de Tallahassee.
Según Uthmeier, OpenAI y Altman habrían engañado al público sobre la seguridad de su asistente de inteligencia artificial, ChatGPT. Las acusaciones indican que la empresa representa un grave peligro para niños y adolescentes.
Entre los señalamientos más críticos, se menciona que la plataforma habría proporcionado información a individuos que posteriormente realizaron actos violentos, incluidas situaciones de tiroteos en escuelas y universidades. Además, se afirma que también ofreció consejos a menores en relación con autolesiones y suicidio.
Por otro lado, la demanda sostiene que OpenAI diseñó un sistema altamente adictivo, especialmente para menores, cuyos cerebros están aún en desarrollo. Uthmeier argumenta que la compañía priorizó sus intereses comerciales y la adopción masiva a expensas de la seguridad de sus usuarios.
OpenAI no ha ofrecido comentarios inmediatos sobre la demanda. Sin embargo, la compañía hizo referencia a sus posturas anteriores sobre temas similares.
La demanda presenta varios episodios como evidencia del riesgo que representa la plataforma. Se menciona el ataque de Tallahassee, donde los chats entre el atacante y el asistente de IA sugieren que el tiroteo se llevó a cabo utilizando información de ChatGPT sobre tiroteos masivos previos, la letalidad de las armas y los momentos de mayor vulnerabilidad en el campus.
En otro caso citado, se señala que ocho meses antes de un tiroteo grave en Canadá, el perpetrador había consultado a ChatGPT para planificarlo. Según una demanda presentada por familiares de las víctimas, no se alertó a las autoridades sobre el potencial riesgo que esto representaba para la sociedad.
Este caso marca la primera demanda a nivel estatal, dado que en ocasiones anteriores las acciones legales eran iniciadas por las familias de las víctimas o por sobrevivientes.
