La Corte Suprema de Justicia de la Nación, como máxima autoridad del Poder Judicial, asumirá el control de los bienes que serán confiscados tanto a Cristina Kirchner como a Lázaro Báez y a otros condenados en el caso Vialidad, luego del fallo del alto tribunal penal que ordenó la ejecución de estos activos para cumplir con el decomiso derivado de la condena por corrupción.
¿Cuáles son las competencias del máximo tribunal en este caso? Como parte de su acción reparadora, podrá destinar dichos bienes a las víctimas directas o indirectas de los hechos de corrupción.
Los jueces del TOF 2 afirmaron que “el decomiso dispuesto será realizado y ejecutado a los fines de satisfacer la pena de decomiso de los efectos del delito que fuera impuesta en la presente causa, consistente en la suma dineraria que al día de hoy asciende a la suma de $684.990.350.139,86”. Esta decisión fue respaldada por la Sala IV de la Casación, que el viernes pasado ordenó seguir adelante con la ejecución patrimonial, argumentando que la respuesta penal ante la corrupción no debe limitarse a un simple símbolo de condena.
Los magistrados sostuvieron que la pena “sólo adquiere plena eficacia institucional si se traduce también en la neutralización concreta del beneficio económico obtenido mediante el delito”. En este sentido, se enfatizó que la ejecución del decomiso resulta esencial para evitar que la condena se reduzca a una mera declaración formal mientras los activos obtenidos de manera ilegal sigan generando réditos patrimoniales. Por ello, se destacó que el Estado debe garantizar la eliminación de cualquier eficacia económica residual del delito.
La Corte tendrá la facultad de considerar la asignación —incluso parcial— de los recursos decomisados en beneficio de la ciudadanía de Santa Cruz, especialmente respecto a aquellos bienes que se localicen en dicha provincia y que estén vinculados directamente con los efectos nocivos de la dinámica delictiva evidenciada en el caso Vialidad.
El extenso listado de bienes refleja el notable incremento patrimonial que experimentó Lázaro Báez durante el período en que el gobierno kirchnerista lo favoreció irregularmente en obras públicas relacionadas con la infraestructura vial.
La decisión de decomisar se enmarca en la intención de reparar el daño social ocasionado, así como en el cumplimiento de la política pública orientada hacia la recuperación de activos provenientes de la corrupción.
