El nuevo acuerdo también establece un compromiso de inversión de US$ 186,8 millones para obras de infraestructura durante los próximos diez años. Según informó la Secretaría de Energía, el monto deberá ser destinado a trabajos vinculados con la red de gas y estará sujeto a penalizaciones en caso de incumplimiento.
El Gobierno aclaró que esas inversiones no serán trasladadas a los usuarios a través de las tarifas. Además, una vez finalizada la concesión, las obras realizadas en el marco del compromiso pasarán al Estado.
Metrogas es la principal distribuidora de gas del país y abastece aproximadamente al 20% del mercado residencial. Cuenta con más de 2,4 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y distintos municipios del conurbano bonaerense.
La extensión de la licencia se concretó bajo el marco de la Ley del Gas y la Ley Bases. El proceso incluyó la evaluación del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que recomendó avanzar con la renovación, además de una audiencia pública y la intervención de la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
Como parte del acuerdo, Metrogas y su empresa controlante se comprometieron a retirar los reclamos que mantenían contra el Estado, tanto en el ámbito nacional como en instancias internacionales. De esta manera, la nueva concesión queda acompañada por el cierre de los litigios pendientes.
Desde la Secretaría de Energía señalaron que la renovación establece un horizonte de operación hasta 2047, junto con obligaciones definidas para la distribuidora y sin reclamos pendientes contra el Estado.
La decisión también tiene impacto sobre el proceso de venta de la participación que YPF mantiene en Metrogas. La extensión de la concesión constituye una condición relevante para que la petrolera estatal pueda avanzar con esa operación.
El nuevo esquema modifica además las condiciones vinculadas con las inversiones de la distribuidora. El congelamiento tarifario aplicado durante 2019 y 2020 había dejado sin efecto el compromiso de inversión que Metrogas tenía previsto cumplir.
Con el nuevo acuerdo, ese compromiso pasa a tener carácter obligatorio. La empresa deberá ejecutar los US$ 186,8 millones en infraestructura durante un período de diez años, con sanciones previstas ante eventuales incumplimientos.
Pese a la extensión de la licencia y a las nuevas obligaciones establecidas, el acuerdo no contempla modificaciones para los usuarios en cuanto a la continuidad del servicio.
