El pronunciamiento se conoció luego de que trascendiera un anteproyecto del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que propone reemplazar por un esquema voluntario los aportes que actualmente realizan productores y frigoríficos por cada animal enviado a faena. En lo que va de 2026, el organismo recaudó más de $8.000 millones.
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) fue creado mediante la Ley 25.507, sancionada en 2002, pocos meses después de la crisis de aftosa que afectó al sector durante la presidencia de Fernando de la Rúa.
documento fue suscripto por los presidentes de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace —Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA)—, junto con las principales cámaras de la industria cárnica: el Consorcio de Exportadores de Carne (ABC), la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Cadif), la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra) y la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica).
En el texto, las entidades manifestaron su “firme respaldo al IPCVA” y ratificaron su “rol fundamental como herramienta estratégica para el desarrollo y posicionamiento de la cadena bovina argentina”.
El anteproyecto forma parte de la iniciativa de desregulación impulsada por el ministro Federico Sturzenegger y todavía no fue enviado al Congreso. El artículo 37 del borrador dispone la eliminación, a partir del 1° de octubre de 2027, de las contribuciones obligatorias destinadas al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Además, encomienda al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca cesar la aplicación, percepción, retención y recaudación de esos aportes.
Hasta el momento, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado no confirmó el contenido del texto.
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) se financia actualmente con aportes obligatorios del sector privado. Los productores abonan el equivalente al 0,07% del valor índice de la res vacuna en plaza de faena —actualmente $1.185 por cabeza—, mientras que los frigoríficos aportan el 0,03%, lo que representa unos $535 por animal. Según las entidades firmantes, el costo equivale, en la práctica, a alrededor de 250 gramos de carne por bovino faenado.
En el documento, las organizaciones sostienen que mantener el esquema de aportes obligatorios resulta “fundamental” para preservar el funcionamiento del IPCVA, al señalar que modelos similares existen en países productores de carne como Australia, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay. También remarcan que entre el 3% y el 5% del presupuesto anual del organismo se destina al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y destacan que su actividad fue “clave para consolidar acuerdos comerciales, abrir nuevos mercados internacionales y posicionar la marca ‘Carne Argentina’ como un producto premium a nivel global”.
La Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), que estima representar cerca del 14% de los aportes al fondo, sostiene desde hace tiempo la necesidad de eliminar el carácter obligatorio de las contribuciones y trasladó esa postura al ministro Federico Sturzenegger mediante notas formales.
A ese planteo se sumaron algunas entidades del interior, que expresaron cuestionamientos sobre la utilización de los recursos. De acuerdo con fuentes del sector, esos reclamos impulsaron al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a evaluar modificaciones en el esquema vigente
El anteproyecto plantea modificar el artículo 14 de la Ley 25.507 para crear un “Fondo de Promoción de Carne Vacuna Argentina”, financiado con contribuciones voluntarias, donaciones, herencias, legados, contraprestaciones por asistencia técnica y rentas propias. El texto establece que los aportes obligatorios se mantendrán hasta el 30 de abril de 2027 y que los fondos recaudados con posterioridad deberán ser reintegrados en un plazo de 60 días, salvo que el aportante decida transformarlos en una contribución voluntaria.
La iniciativa tiene un antecedente reciente en la decisión del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de eliminar, en mayo pasado, los aportes obligatorios que bodegas y productores realizaban a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) desde 2004. En ese momento, Federico Sturzenegger calificó ese esquema como una “aberración” y sostuvo que, entre 2004 y 2025, el sector había desembolsado unos US$300 millones “para financiar resultados que nunca llegaron”. La medida generó posiciones encontradas dentro de la actividad vitivinícola: mientras algunas cámaras la respaldaron, otros actores advirtieron sobre las consecuencias institucionales que podría tener.
