La propuesta se dio a conocer tras la confirmación del presidente Javier Milei sobre un encuentro con su equipo económico para delinear los detalles de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La reunión se llevó a cabo en la residencia presidencial de Olivos y estuvo integrada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el titular de la autoridad monetaria, Santiago Bausili.
Milei aclaró que el trabajo conjunto no se limita únicamente a la reforma del estatuto del Banco Central, sino que también incluye otras normativas relacionadas, como la ley de Mercado de Capitales y el proyecto de Inocencia Fiscal, entre otros. “Estamos trabajando también en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, en realidad de la política. O sea, cuando te agotás el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, destacó el mandatario.
El término shutdown se refiere a la interrupción total o parcial de la operación de un gobierno, debido a la falta de financiamiento para mantener la administración pública. Normalmente, este mecanismo se activa cuando se consumen los recursos asignados en el presupuesto y no hay una manera legal de continuar con los egresos del Estado.
Durante un shutdown, las entidades públicas deben cesar actividades que no se consideran esenciales. Esto puede conllevar el cierre temporal de oficinas, la suspensión de programas gubernamentales, la demora en la tramitación de gestiones administrativas y la licencia obligatoria de algunos empleados públicos. Sin embargo, los servicios considerados imprescindibles, tales como seguridad, justicia y atención de emergencias, continúan funcionando, dado que son esenciales para el funcionamiento básico del Estado.
La magnitud y el impacto de este cierre varían según el marco legal de cada país. En determinadas circunstancias, el Estado puede seguir operando mediante mecanismos alternativos de financiamiento o prórrogas presupuestarias, mientras que en otros, la falta de aprobación de los fondos obliga a limitar significativamente la administración hasta que se resuelva el conflicto que causó el cierre.
El caso más emblemático de este mecanismo es el de Estados Unidos, donde el gobierno federal enfrenta cierres cuando el Congreso no logra aprobar las leyes de financiamiento antes de que inicie un nuevo ejercicio fiscal o al vencerse una asignación temporal de recursos. A menudo, el Legislativo estadounidense utiliza leyes provisionales de financiamiento, conocidas como “stopgap bills”, para prevenir el cierre; no obstante, en diversas ocasiones, la falta de conciliación entre el Ejecutivo y el Congreso ha llevado a la paralización efectiva de la administración.
En estas circunstancias, cientos de miles de empleados federales considerados no esenciales son suspendidos sin recibir salario, mientras los que desempeñan funciones críticas—tales como controladores de tráfico aéreo, personal de seguridad fronteriza y fuerzas armadas—también trabajan sin remuneración hasta que se restablece el financiamiento. Otros organismos, como el Servicio Postal, pueden seguir operando con financiamiento propio, aunque la publicación de estadísticas oficiales, como datos de empleo o crecimiento económico, se detiene hasta la reactivación del gobierno.
Según lo expuesto por Milei, la lógica que el Gobierno desea implementar en Argentina busca establecer un límite riguroso al gasto público, de modo que, una vez que se agote el presupuesto asignado, el Estado no pueda continuar utilizando recursos. El presidente sugirió que esta herramienta funcionaría como un complemento a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, cuyo objetivo principal es restringir la capacidad de la entidad monetaria para financiar al Tesoro nacional mediante la emisión de moneda.
En este contexto, Milei anticipó que la nueva legislación del Banco Central prohibirá de manera explícita y con sanciones penales cualquier violación a la independencia de la autoridad monetaria en lo que respecta al financiamiento del fisco. “De hecho, el Código Penal define la estafa. La estafa y la falsificación de moneda son delitos penales. Así es que hasta podemos utilizar partes del Código Penal existente”, subrayó el presidente.
Asimismo, resaltó que la política monetaria debe ser analizada en conjunto con otras decisiones fiscales. “Obviamente que la política monetaria no es en el vacío”, afirmó, enlazando la reforma del Banco Central con varias iniciativas legislativas que el oficialismo impulsa, tales como la ley de Mercado de Capitales, el proyecto de Inocencia Fiscal y otras normativas relacionadas con el mercado de seguros y las reglas fiscales.
Hasta el momento, el Gobierno no ha especificado los mecanismos operativos concretos del shutdown en su versión local. Sin embargo, Milei fue claro en relación al principio que busca establecer: que el sector público no pueda gastar más de los recursos previamente asignados, sustentado en la premisa de que, agotado el presupuesto, las actividades estatales deben detenerse hasta contar con nuevos fondos disponibles.
