La Legislatura de Río Negro aprobó una reforma de la Ley de Carnes impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, que reemplaza un marco normativo vigente desde hace más de 35 años y establece nuevas reglas para la producción, faena, comercialización y control sanitario de productos de origen animal.

Entre las principales modificaciones se encuentra la incorporación de un marco legal para el procesamiento de carne de especies silvestres autorizadas, como jabalí, guanaco y choique. La normativa establece que el área de Fauna de la provincia determinará qué especies podrán ser aprovechadas y fijará los cupos correspondientes.

La faena y el procesamiento de esos animales deberán realizarse exclusivamente en establecimientos habilitados y bajo los controles sanitarios previstos por la nueva legislación. El objetivo es establecer condiciones de trazabilidad e inocuidad y, al mismo tiempo, ordenar una actividad que hasta ahora no contaba con un marco específico actualizado.

La reforma también redefine las competencias entre la Provincia y los municipios. Las localidades que cuenten con áreas de Bromatología podrán habilitar establecimientos de tránsito municipal, mientras que el Gobierno provincial conservará el control sobre los productos destinados a comercializarse entre distintas jurisdicciones.

El nuevo esquema contempla además diferentes escalas de producción y busca facilitar la incorporación al circuito formal de pequeñas elaboraciones. En ese sentido, la normativa incluye herramientas para la producción artesanal y el agregado de valor en origen, con requisitos sanitarios adaptados a cada tipo de establecimiento.

El alcance de la ley no se limita a la carne. También incorpora disposiciones para otros productos de origen animal, entre ellos huevos y lácteos, con el objetivo de brindar un marco actualizado para su elaboración, formalización y comercialización.

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, consideró que la modificación representa una modernización de las normas y destacó la incorporación de criterios vinculados con el control, la eficiencia, la inocuidad y la trazabilidad.

La nueva legislación incorpora además la figura del director técnico para los establecimientos industriales y aquellos habilitados para el tránsito provincial. A su vez, distribuye las tareas de fiscalización entre distintos organismos.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo tendrá a su cargo el control de establecimientos y transportes, mientras que el Ministerio de Salud será responsable de los aspectos vinculados con la inocuidad y el registro sanitario. La Policía de Río Negro colaborará en los controles sobre rutas y caminos.

Otro de los cambios es la regulación del autoconsumo familiar en zonas rurales. La norma establece condiciones para el traslado de carne destinada al consumo del propio productor y su familia desde establecimientos rurales hacia las localidades, una práctica habitual que hasta ahora no contaba con un marco legal específico.

También se actualiza el régimen de inspecciones, medidas preventivas y sanciones, con disposiciones destinadas a controlar la procedencia y las condiciones sanitarias de los alimentos que llegan al consumidor.

La reforma incorpora una nueva categorización para las plantas de faena artesanal. Los permisos podrán ser gestionados por los municipios, siempre que los establecimientos cumplan con los requisitos sanitarios fijados por las autoridades competentes. El cambio busca simplificar los trámites y ampliar las posibilidades de faena en distintas localidades.

Desde el sector productivo se valoró especialmente la actualización del marco regulatorio y la incorporación de actividades que no estaban contempladas en la legislación anterior. También se destacó la participación del Ministerio de Salud en los controles sanitarios y la posibilidad de facilitar la formalización de pequeños establecimientos.

Con la aprobación de la reforma, Río Negro cuenta ahora con un régimen que incorpora nuevas modalidades de producción y comercialización, actualiza los mecanismos de fiscalización y establece condiciones específicas para el aprovechamiento de especies silvestres autorizadas.

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