La reducción alcanzó distintas partidas presupuestarias que, pese a representar una proporción menor dentro del gasto total, tuvieron recortes significativos. Entre ellas se destacó una mayor disminución de los recursos destinados a gastos sociales y de las transferencias hacia las provincias.
El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta nuevamente dificultades para cumplir las metas de superávit fiscal acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Para todo el año, el objetivo establecido es de $16,2 billones, mientras que para junio se había fijado una meta de $6,8 billones. El resultado quedó apenas por debajo de ese nivel luego de la aplicación de un waiver por $1,6 billones.
En una actividad, el presidente Javier Milei ratificó su decisión de sostener el ajuste fiscal hasta eliminar la inflación. Bajo esta perspectiva, el mantenimiento del superávit depende en buena medida de una decisión política de continuar con la reducción del gasto.
Los datos muestran además una fuerte contracción de las transferencias discrecionales destinadas a provincias y municipios. En lo que va del año, estos envíos acumulan una caída superior al 60%, lo que incrementa el peso del ajuste sobre las administraciones subnacionales.
Durante agosto, el gasto devengado, correspondiente a las erogaciones autorizadas, registró una baja del 9,95%. En tanto, los gastos que efectivamente fueron pagados disminuyeron un 7,95%.
Entre las partidas con mayores reducciones durante el mes se ubicaron las transferencias a provincias y municipios, que retrocedieron 66,39%. Le siguieron los servicios no personales, con una caída del 28,92%; las ayudas sociales y asignaciones familiares, con una disminución del 16,65%; las jubilaciones y pensiones, que bajaron 8,45%; y los gastos en personal, que se redujeron 6,13%.
En sentido contrario, algunas partidas registraron incrementos. Las transferencias al sector privado, que incluyen subsidios económicos, aumentaron 14,51%, mientras que los fondos destinados a universidades nacionales crecieron 9,48%. También se incrementaron un 2,70% las transferencias dirigidas a otras entidades del Sector Público Nacional.
Al analizar los primeros ocho meses del año, las transferencias a provincias y municipios acumularon la mayor caída, con un retroceso del 63,10%. Los servicios no personales disminuyeron 17,95%, mientras que las ayudas sociales registraron una baja del 13,64%.
En 2026 también se observan aumentos en algunas áreas del gasto. Las transferencias al sector privado acumulan una suba del 33,2%, mientras que las jubilaciones y pensiones registran un incremento del 1,03%.
Aunque el aumento de los recursos destinados a jubilaciones y pensiones es moderado, se trata de una de las principales partidas del presupuesto: representa entre el 45% y el 46% del gasto primario total. Por ese motivo, cualquier variación en este componente tiene un impacto significativo sobre las cuentas públicas.
La reducción de los recursos que reciben las provincias mediante transferencias discrecionales, sumada a la caída de los envíos automáticos, también tiene una dimensión política. El Gobierno necesita negociar con los gobernadores para reunir los votos necesarios para avanzar con distintas iniciativas legislativas, en un escenario donde los recursos provinciales forman parte de esas discusiones.
