El primer paso consiste en comparar las tasas bajo parámetros equivalentes. En el caso de una deuda, además del interés informado, deben contemplarse las comisiones, cargos y otros costos que integran el costo financiero total (CFT). En una inversión, en tanto, hay que considerar el rendimiento neto esperado una vez descontados impuestos, comisiones y demás gastos.
Cancelar una deuda genera un beneficio financiero concreto: permite evitar los costos futuros asociados a esa obligación. Si mantener una deuda durante un año implica, por ejemplo, un costo del 40%, destinar el dinero disponible a cancelarla permite evitar ese desembolso.
El cálculo es más preciso cuando se trata de una deuda con tasa fija, porque el costo futuro puede estimarse con mayor certeza. En cambio, el rendimiento de una inversión depende de proyecciones y supuestos, por lo que existe incertidumbre respecto del resultado final. Esta diferencia adquiere mayor importancia cuando se trata de activos con precios volátiles.
Por eso, la comparación debe realizarse entre el costo que todavía puede evitarse al cancelar la deuda y el rendimiento neto esperado de la inversión. Las tasas deben expresarse en la misma moneda y corresponder al mismo período para que la comparación sea válida.
La diferencia entre un ahorro cierto y una ganancia esperada resulta central. Evitar un costo financiero del 40% representa un beneficio determinado, mientras que una inversión debe generar un rendimiento suficiente no solo para superar ese costo, sino también para compensar el riesgo de obtener un resultado inferior al esperado.
Otro aspecto importante es distinguir entre la tasa nominal y el costo total de una financiación. El CFT incorpora, además de los intereses, las comisiones y otros cargos asociados al crédito. La normativa del Banco Central de la República Argentina establece que este indicador debe informarse como una tasa efectiva anual y contempla la presentación del CFT sin impuestos cuando corresponde.
Cuando la deuda ya fue tomada, el análisis debe concentrarse en los costos que todavía pueden evitarse. Algunos gastos se abonan al momento de contratar el financiamiento y, aunque formen parte del costo original, ya no modifican la decisión sobre qué hacer con el dinero disponible.
Por ese motivo, antes de cancelar anticipadamente una obligación es necesario conocer cuánto dinero se requiere para hacerlo, qué intereses y cargos futuros dejarían de pagarse, cuáles son las condiciones previstas en el contrato y si existe alguna comisión por precancelación.
Las estadísticas del Banco Central muestran diferencias importantes entre las tasas según el tipo de crédito, la entidad financiera y las características de cada cliente. Los promedios del sistema sirven como referencia general, pero para tomar una decisión es necesario utilizar las condiciones específicas de la financiación vigente.
Un ejemplo permite observar la diferencia. Si una persona dispone de $1 millón y tiene una deuda por el mismo monto que puede cancelar, mantenerla durante un año podría representar un costo del 40%, equivalente a $400.000 adicionales. Si, en cambio, destinara ese dinero a una inversión con un rendimiento esperado del 25%, obtendría $250.000. La diferencia entre ambas alternativas sería de $150.000 a favor de cancelar la deuda.
El escenario cambia si el rendimiento esperado de la inversión alcanza el 50%. En ese caso, una inversión de $1 millón generaría una ganancia proyectada de $500.000, $100.000 por encima del costo de mantener la deuda. Sin embargo, ese margen puede no ser suficiente si existe una posibilidad significativa de obtener un rendimiento mucho menor, del 10%, o incluso registrar una pérdida de capital.
Las tarjetas de crédito presentan una situación particular debido a que suelen combinar plazos relativamente cortos con costos financieros elevados. Cuando el CFT de una deuda se encuentra claramente por encima del rendimiento que puede esperarse de una inversión de riesgo similar, cancelar la obligación aparece como una alternativa financieramente más conveniente.
La prioridad de cancelar la deuda aumenta cuando existen atrasos, se acumulan intereses o cargos por mora, o el pago de las cuotas comienza a afectar de manera significativa el presupuesto familiar.
Los créditos hipotecarios denominados en unidades de valor adquisitivo (UVA) requieren un análisis diferente. Se trata de financiaciones de largo plazo cuyo capital se actualiza mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Por lo tanto, su costo no depende únicamente de la tasa pactada, sino también de la evolución del capital actualizado.
En estos casos, la comparación con una inversión requiere realizar proyecciones de inflación y considerar el plazo que resta del crédito, además de las condiciones previstas para una cancelación anticipada. También debe contemplarse que el dinero destinado al pago de la hipoteca se transforma en patrimonio, aunque deja de estar disponible con la misma liquidez.
En términos generales, cancelar una deuda adquiere mayor prioridad cuando su costo supera el rendimiento esperado de una inversión de características similares, cuando existen atrasos o cuando para alcanzar una rentabilidad equivalente sería necesario asumir un nivel elevado de riesgo.
También resulta relevante observar el peso de la cuota sobre los ingresos. Si el pago mensual absorbe una proporción demasiado elevada del presupuesto, puede reducir la capacidad del hogar para afrontar gastos imprevistos.
Mantener una inversión mientras existe una deuda también puede ser una alternativa cuando el costo del crédito es manejable, las cuotas pueden sostenerse y el plazo de la inversión resulta adecuado. En ese escenario, el rendimiento esperado debe contar con un margen suficiente para cubrir el costo de la financiación. Cuanto mayor sea la incertidumbre de la inversión, mayor debería ser ese margen.
Antes de destinar todos los ahorros a cancelar una deuda o a invertir, también debe considerarse la disponibilidad de un fondo de emergencia. Contar con una reserva permite afrontar una eventual pérdida de ingresos, gastos inesperados o reparaciones sin necesidad de vender inversiones en un momento desfavorable o recurrir a una nueva financiación de mayor costo.
La coexistencia entre dinero líquido y deudas también ha sido analizada en estudios sobre finanzas personales mediante el concepto de “co-holding puzzle”. Investigaciones en el ámbito de la economía plantean que conservar liquidez mientras se mantienen obligaciones financieras puede responder a la necesidad de cubrir gastos futuros y enfrentar la incertidumbre respecto de la posibilidad de acceder nuevamente al crédito.
En situaciones de morosidad, el análisis requiere especial atención debido a la acumulación de intereses, cargos y posibles consecuencias contractuales. En un escenario normal, en cambio, conservar una reserva de efectivo puede evitar que la cancelación total de una deuda deje al hogar sin recursos frente a un imprevisto.
La decisión final requiere considerar de manera conjunta el costo de la deuda que todavía puede evitarse, el rendimiento esperado de la inversión ajustado por riesgo, el plazo de cada alternativa y la necesidad de mantener liquidez. La importancia relativa de cada factor dependerá de las características particulares de la situación financiera analizada.
