Uno de sus principales cuestionamientos estuvo relacionado con el tratamiento que reciben los deudores y quienes regularizan obligaciones fiscales. Lacunza consideró que existe una diferencia entre las políticas destinadas a personas endeudadas y las medidas de alivio para evasores, y sostuvo que ese esquema termina perjudicando, en términos relativos, a quienes cumplen con sus obligaciones.
El exministro explicó que decidió avanzar con su candidatura porque considera que existe una oportunidad para “hacer las cosas mejor”. Su objetivo, según planteó, es construir una propuesta desde el PRO que también pueda incorporar a otros sectores y fuerzas políticas.
En ese marco, se distanció de una eventual alianza entre el PRO y el Gobierno nacional. Para Lacunza, un acuerdo de esas características podría limitar la competencia política y reducir las alternativas disponibles para los ciudadanos.
El economista remarcó que existen coincidencias entre el PRO y La Libertad Avanza, pero también diferencias. “No somos lo mismo”, sostuvo. Además, aclaró que los dirigentes provenientes del PRO que actualmente forman parte del Gobierno lo hacen a título personal y que no existe un cogobierno entre ambas fuerzas.
De cara a 2027, Lacunza planteó que las reformas necesarias para el país deberán construirse sobre mayores niveles de diálogo y consenso. Como ejemplos de estabilidad institucional mencionó a Uruguay y Chile, donde distintos gobiernos mantuvieron determinadas políticas de Estado pese a sus diferencias ideológicas.
En ese sentido, vinculó la estabilidad política con el riesgo país y con la confianza de los mercados internacionales. Señaló que el indicador se ubica entre 100 y 200 puntos en Chile y Uruguay, mientras que en Argentina llegó a rondar los 2.000 puntos y actualmente se encuentra cerca de los 500.
Para Lacunza, una mayor reducción del riesgo dependerá también de que la oposición deje de plantearse como un polo completamente contrario al oficialismo. En su visión, el país debería avanzar hacia una agenda de mayor moderación, con diferencias entre los espacios políticos pero con acuerdos sobre cuestiones centrales.
En cuanto a la economía, el exministro reconoció avances en materia de inflación. Consideró que el programa económico del Gobierno logró reducir un índice que había superado el 200% anual hasta un nivel cercano al 30%, aunque aclaró que el problema todavía no está resuelto.
Su evaluación es diferente en el plano social. Lacunza sostuvo que la situación del empleo y del ingreso disponible de las familias no evolucionó de la misma manera y señaló que el dinero que queda después de afrontar los gastos fijos continúa por debajo de los niveles anteriores.
También cuestionó que la mejora de las variables macroeconómicas sea suficiente para garantizar un crecimiento sostenido. Según planteó, además de una mayor previsibilidad, la economía necesita más inversión, empleo y salarios.
En su diagnóstico, el actual esquema presenta un crecimiento concentrado en algunos sectores. Lacunza mencionó a la energía, la minería y el agro como los motores que mantienen la actividad, mientras que ubicó a la construcción, el comercio y la industria entre los sectores que todavía muestran dificultades para recuperarse.
El economista sostuvo que esta situación comienza a reflejarse en el malestar social y señaló que el Gobierno empezó a implementar medidas para atender esa situación, entre ellas líneas de crédito en dólares y mecanismos de financiamiento hipotecario vinculados con fondos de la Anses.
Finalmente, cuestionó la necesidad de que el Ejecutivo deba adoptar medidas de manera constante para corregir problemas puntuales. Según su interpretación, esa sucesión de decisiones refleja que el programa económico todavía no logró generar suficiente dinamismo en sectores clave de la economía.
