La decisión se tomó luego de que la SSS analizara la situación de entidades que contaban con inscripciones provisorias. El objetivo del procedimiento fue determinar si desarrollaban actividades comprendidas dentro del régimen de medicina prepaga y si cumplían con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
Las entidades alcanzadas fueron notificadas de que el organismo evaluaba rechazar sus solicitudes de inscripción definitiva y dejar sin efecto sus registros provisorios. Para continuar con el trámite, se les solicitó que presentaran documentación que acreditara el cumplimiento de los requisitos correspondientes. Sin embargo, una vez vencido el plazo establecido, no se realizaron presentaciones ni se aportó documentación para subsanar las observaciones formuladas por la SSS.
Además, el organismo concluyó que no existían elementos que acreditaran que esas entidades desarrollaban actividades alcanzadas por la Ley 26.682, que regula el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga. Por ese motivo, mediante las resoluciones 1542, 1543, 1544, 1545 y 1546, se rechazaron las solicitudes de inscripción definitiva y se dejaron sin efecto las inscripciones provisorias.
Entre las entidades alcanzadas figuran Plan Odontológico Integral S.A., Cámara de Tabaco de Misiones, Armiento S.A., Instituto Materno Infantil S.A., Sociedad Médica Universitaria S.A., Asociación Mutual Intercooperativa AMI S.R.L., Huinca Salud S.A., Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y de Créditos Cuenca del Salado Ltda., Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay EMPY S.R.L., Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A., Timely Medical Premedikal S.R.L., Emergencia S.R.L., Seres S.R.L., Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Limitada (COEVICAL) y Cardio S.A.
Las entidades afectadas pueden impugnar la decisión adoptada por la Superintendencia de Servicios de Salud. La normativa establece la posibilidad de presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días o un recurso de alzada en un plazo de 30 días, ambos contados desde la notificación. También queda abierta la posibilidad de iniciar acciones judiciales.
Con esta nueva medida, el Gobierno ya rechazó más de 180 entidades desde el inicio de la gestión de Javier Milei, en el marco del proceso de depuración del padrón de la SSS. Hasta abril de este año, el número de entidades rechazadas superaba las 160.
El proceso apunta a que el registro quede integrado por entidades que acrediten una actividad real, cuenten con afiliados y cumplan con los requisitos establecidos por la normativa. La medida también busca avanzar en una mayor transparencia y en la disponibilidad de información confiable para los usuarios.
