Con la reciente reapertura, el Gobierno logró colocar USD 620 millones en la primera licitación del AO29, un nuevo bono diseñado para financiar los vencimientos de deuda de 2026 y al mismo tiempo establecer un colchón financiero para el próximo año.

De acuerdo con el programa financiero presentado hace menos de dos semanas, el Tesoro se enfocará casi exclusivamente en la emisión de este instrumento para financiar sus necesidades en el mercado local. Se proyectan colocaciones por un total de USD 5.000 millones en 2027. Aunque el volumen parece alcanzable, también es considerado ambicioso.

Este año, el equipo económico estima que colocará USD 6.000 millones en bonos en el mercado local. Hasta el momento, ha conseguido USD 4.000 millones mediante los bonos AO27 y AO28. Ahora, con la inclusión de USD 620 millones del AO29, se espera que el monto se complete en futuras licitaciones que se llevan a cabo cada dos semanas.

No obstante, el interrogante para el próximo año es si el Gobierno podrá obtener el financiamiento esperado en el mercado local. Dado que se trata de un año electoral, la respuesta no es sencilla. Si bien es razonable suponer que aumentará la dolarización de portafolios como forma de cobertura, también es lógico pensar que la demanda por deuda del Tesoro podría disminuir en un entorno de incertidumbre.

Las emisiones apuntan a los dólares que los ahorristas tienen en el sistema bancario, una parte significativa de los cuales no están directamente invertidos o lo están a tasas de interés muy bajas.

El desafío que enfrenta el Ministerio de Economía es que no está solo en su búsqueda por financiamiento en dólares ociosos. Empresas y bancos también están acudiendo al mercado para financiarse en dólares MEP, lo que significa que las colocaciones pueden ser adquiridas directamente con dólares de los ahorristas o mediante la compra de dólares con pesos para suscribir a estas emisiones.

En contraste con lo realizado este año, el plan actual implica ofrecer USD 5.000 millones del mismo bono, el AO29, lo que significa que el ahorrista deberá esperar a la próxima administración para recuperar el capital invertido. Esta previsión tiene un grado de incertidumbre, ligado a la indeterminación sobre el resultado electoral y quién será el Presidente en el momento de la devolución del nuevo título.

Por ello, el bono fue emitido con una tasa ligeramente inferior al 8,5%, mientras que el AO27, que vence el próximo año cuando Javier Milei aún estará en la presidencia, ofrece apenas un 5% anual en dólares.

El Gobierno se ha dirigido al inversor minorista con un producto innovador para este tipo de instrumentos: paga intereses en dólares mensualmente, similar a los ingresos de un alquiler. Esta estrategia representa una diferencia significativa respecto a otros bonos emitidos por empresas o bancos, que generalmente tienen un calendario de pagos semestral.

La gran incógnita radica en si habrá la profundidad necesaria en el mercado el año próximo tanto para la administración libertaria como para los emisores privados. En un contexto de alta incertidumbre, especialmente si no se presenta un favorito claro para las elecciones, es muy probable que el riesgo país experimente un aumento.

Esto conllevaría un mayor costo de financiamiento para el Gobierno, que deberá evaluar hasta dónde está dispuesto a aceptar esas condiciones.

Por otro lado, persiste la expectativa de reabrir el mercado internacional para obtener financiamiento a largo plazo, algo que no ha sido posible desde 2018, justo antes de la crisis cambiaria durante el gobierno de Mauricio Macri.

Actualmente, el riesgo país muestra una resistencia levemente por encima de los 400 puntos básicos. A su vez, la tasa de interés en Estados Unidos se mantiene por encima del 4,5% para bonos a diez años. Por lo tanto, la posibilidad de una colocación internacional continúa presente, aunque parece poco factible en el corto plazo.

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