La propuesta, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había estado en discusión, pero tomó mayor relevancia tras un fallo en Estados Unidos sobre la causa YPF, lo que llevó al gobierno a considerar esencial establecer pautas claras respecto al derecho constitucional de expropiación.
El alcance de la iniciativa es más amplio y se enfoca en una desregulación considerable de la Ley de Tierras. En la última versión del proyecto, la número 15, que circuló en el Senado, se incluían modificaciones importantes que afectaban las autonomías provinciales, los registros y las zonas de frontera.
Sin embargo, la reciente experiencia con la ley de reforma laboral, donde se realizaron cambios en el dictamen casi en el recinto, hace que la incertidumbre persista sobre el contenido definitivo del proyecto hasta su discusión en la sesión.
Más allá de ser un guiño al mercado, la aprobación de esta legislación tendría implicaciones más profundas para la reconfiguración legal del territorio rural argentino. La modificación principal es la eliminación de los límites establecidos por la Ley 26.737, que permitía que solo el 15 por ciento de la tierra a nivel nacional y provincial estuviera en manos de extranjeros, así como fijaba un máximo de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo. Aunque se establecerá un registro de compras, ya no habrá posibilidad de rechazar estas adquisiciones.
Una frase incluida en la última versión redefine el marco político y económico: “En ejercicio de sus competencias, cada provincia podrá establecer el régimen jurídico aplicable” en relación con las tierras. Al otorgar a las legislaturas locales la potestad de regular el régimen de tenencia, las provincias obtienen ventajas, aunque esto podría comprometer la uniformidad de la legislación a nivel nacional.
En el texto se menciona nuevamente las zonas de seguridad, aunque se derogó el artículo 4 de la ley que consideraba de “conveniencia nacional” que las propiedades en áreas fronterizas sean de argentinos nativos.
A pesar de las advertencias de la oposición sobre los riesgos geopolíticos, esta normativa podría abrir las puertas a nuevas inversiones provenientes de fondos y corporaciones del sector agropecuario. La eliminación de los límites de hectáreas y del filtro en zonas fronterizas facilita la adquisición de grandes extensiones de tierra con potencial en recursos forestales, mineros o agropecuarios, especialmente en regiones clave como la Patagonia, la cordillera y el litoral.
Por otro lado, los productores locales de mediana escala enfrentarán una competencia directa y en dólares por la compra de tierras en las zonas núcleo. Será necesario observar si las provincias de la pampa húmeda, incluyendo Buenos Aires, liderada por Axel Kicillof, implementan condiciones adicionales para la compra gracias a la delegación de poderes.
El radicalismo está presionando en el recinto para que se reintroduzcan límites físicos (en kilómetros) a las compras extranjeras en zonas fronterizas y se exija una aprobación legislativa explícita en situaciones excepcionales. No obstante, desde la Casa Rosada enfatizan que la versión desreguladora es la que cuenta con mayor respaldo político.
