Un estudio de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (Asipi) revela que el comercio ilegal representa aproximadamente el 5% del PBI en países como Argentina y Brasil, alcanzando hasta el 8% en mercados como México.
Este diagnóstico coincide con un informe de la consultora MAP que advierte que el fenómeno “crece por debajo de las napas”. En el mismo, se estima que el Estado argentino dejó de recaudar unos 2300 millones de dólares en ingresos fiscales en 2025 debido al contrabando en sectores como cerveza, tabaco, textiles y celulares. Esta cifra es comparable a la construcción de 3800 escuelas o 80 hospitales de alta complejidad.
“El contrabando siempre existió y es probable que siga existiendo”, afirmó Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), durante el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito. Grinman situó este fenómeno en una lógica histórica —contrabando, fraude marcario, comercio informal, evasión—, pero subrayó una novedad: la aceleración provocada por el comercio electrónico y las fronteras porosas.
En esa misma línea, José Velis, director general de Aduanas, resaltó los retos que plantea la evolución tecnológica, destacando que la transformación digital, la expansión del comercio electrónico, la emergencia de la dark web y el uso de criptomonedas han creado nuevas y complejas vías para el tráfico ilegal de mercancías. Estas innovaciones —indicó— permiten a los delincuentes operar con mayor anonimato y escala, dificultando el rastreo, identificación e interdicción por parte de las autoridades.
Fernando Blanco Muiño, desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, enfatizó la limitación estructural del Estado, que no alcanza a cubrir los 9300 kilómetros de frontera ni los más de 250.000 pequeños comercios del país, lo que hace esencial el trabajo conjunto con las cámaras empresariales. A su vez, mencionó que se eliminan alrededor de 700 publicaciones mensuales en plataformas digitales, una cifra que podría ser considerablemente mayor si se utilizara una herramienta específica de manera más articulada y eficiente.
El sector de la electrónica es uno de los más perjudicados. Eugenia Mayans, gerente de Relaciones Gubernamentales en Lenovo, advirtió que, a principios de año, el mercado gris representaba entre el 5% y el 15% de las ventas de celulares, mientras que actualmente uno de cada tres dispositivos conectados en Argentina proviene del contrabando, lo que representa cerca de 3 millones de unidades anuales.
No se trata de compras individuales de viajeros, sino que la industria calcula el ingreso de 130 contenedores anuales con mercadería que, aunque sea original, no cuenta con la homologación de Enacom, afectando su rendimiento y seguridad.
Ante este panorama, Mayans indicó que las empresas están impulsando la trazabilidad. Desde hace un año y medio, Argentina reemplazó las etiquetas físicas de importación por el rastreo mediante el número de IMEI, lo que permite identificar cuándo y dónde se activa un equipo que no ingresó de manera legal.
En cuanto al tabaco, este sigue siendo el símbolo histórico del comercio ilegal a nivel global. Juan José Benítez, gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris, destacó que el cigarrillo es el bien legal más contrabandeado del mundo y una fuente de financiación para el crimen organizado y entidades terroristas en la región. Según Benítez, el promedio global de consumo ilegal es de uno cada diez, mientras que en Latinoamérica asciende a tres de cada diez. Sin embargo, aclaró que Argentina presenta una excepción con un 11%, en contraste con países como Chile, que pasó del 17% al 60% de mercado ilegal tras aumentos impositivos y baja aplicación de la ley.
En este contexto, Benítez sugirió la reducción de impuestos como la principal medida para combatir el contrabando, argumentando que Argentina tiene una carga del 80% sobre el cigarrillo frente al 14% de Paraguay, lo que distorsiona los precios a favor del mercado negro. Mencionó que Paraguay es el principal emisor hacia Argentina, con la capacidad de producir 70.000 millones de cigarrillos al año frente a un consumo interno de 1400 millones.
Francisco Morello, director de Legal & Compliance de Adidas, desvió el eje de la discusión: para su sector, el problema radica más en los talleres clandestinos que en el contrabando de productos terminados. Recordó que la venta callejera en la ciudad aumentó 6,5% en el último año, con puestos de diarios transformándose en “showrooms” de productos falsificados. “En los sectores textil y calzado hay capacidad instalada para producir, hay talleres clandestinos; no todo es contrabando”, expuso.
Además, Matías Noetinger, presidente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, advirtió sobre un fenómeno más sutil: la normalización social de la compra de productos truchos o de contrabando, cada vez más aceptada como una opción de consumo. Subrayó que muchos consumidores son conscientes de adquirir productos apócrifos debido a la brecha de precios. Respecto a esto, planteó que el mayor desafío actual es el “social commerce”: mencionando que plataformas como TikTok, Instagram y WhatsApp funcionan como catálogos donde la barrera de entrada para el vendedor es casi nula.
“¿Se acuerdan del juego clásico, donde se golpea a un cocodrilo y aparece otro? Básicamente, eso hoy es el mundo digital, donde se inhabilita a un usuario que vende falsificados y surgen otros tres. Es muy frustrante”, enfatizó.
Ante esta situación, Morello destacó que desde Adidas están apostando por la educación y la colaboración con el sector público. En este sentido, se han embarcado en una iniciativa social que consiste en reciclar mercadería incautada para donar artículos deportivos a fundaciones.
En esa línea, Noetinger, introdujo la idea de la falsificación como un delito que se considera aceptable. Comparó comprar productos falsos por WhatsApp entre amigos con la venta de mercadería robada, señalando que en ambos casos se trata de un robo de bienes protegibles, aunque la sociedad no lo perciba de esa forma.
“Determinadas industrias están especialmente afectadas: aquellas que son más activas en relación a sus marcas, donde las mismas tienen mayor fuerza y donde la diferencia de precio y producción entre un producto ilegal y uno legal es abismal. Ahí es donde surgen los grandes réditos del comercio ilegal y la falsificación”, destacó.
Noetinger argumentó que el comercio ilícito no solo perjudica a las empresas (que invierten en diseño, patentes y publicidad), sino que también representa un perjuicio directo para el Estado (por falta de recaudación) y para el consumidor (por calidad inferior). “Es un robo que la gente acepta socialmente”, concluyó.
