La respuesta se encuentra en la categoría K, la más alta del esquema y que marca el límite del Monotributo. De acuerdo con la tabla vigente para el período comprendido entre julio y diciembre de 2026, el tope de ingresos brutos anuales para la categoría K es de $126.610.838,74. Esto se traduce en un promedio mensual de $10.550.903,23. Si el contribuyente supera este umbral mensual de manera sostenida, perderá la condición de permanecer en el régimen simplificado y deberá pasar al régimen general de IVA y Ganancias.
Sin embargo, este cálculo mensual debe considerarse como una referencia y no como un parámetro aislado que evalúe la normativa cada mes. El sistema toma en cuenta los ingresos brutos devengados durante los últimos doce meses, independientemente de cuándo se hayan cobrado realmente. Las facturas emitidas en un mes determinado se suman al cómputo del semestre correspondiente, independientemente de cómo se efectúe el pago. Así, la permanencia en la categoría K y en el Monotributo en general no depende de un límite mensual estricto, sino de la sumatoria anual de esos ingresos.
Por debajo de la categoría K, el régimen cuenta con otras diez categorías, que van desde la A hasta la J, cada una con su propio límite de ingresos brutos anuales y, por lo tanto, con su correspondiente promedio mensual. En la categoría A, el tope es de $12.009.410,45 anuales, lo que equivale a un promedio mensual de $1.000.784,20. La categoría B permite ingresos de hasta $17.595.182,74 anuales, lo que se traduce en $1.466.265,23 mensuales. En tanto, la categoría C tiene un límite de $24.670.494,31 al año, es decir, $2.055.874,53 al mes.
El tramo intermedio sigue esta misma tendencia. La categoría D establece un límite de $30.628.651,43 anuales, lo que corresponde a $2.552.387,62 por mes. La categoría E permite hasta $36.028.231,33 al año, equiparable a un promedio mensual de $3.002.352,61. La categoría F asciende a $45.151.659,41 anuales, es decir, $3.762.638,28 mensuales, y la categoría G, que cierra este tramo, tiene un tope de $53.995.798,87 al año, equivalentes a $4.499.649,91 por mes.
A partir de ahí, los límites aumentan de forma más pronunciada. La categoría H tiene un tope de $81.924.660,37 anuales, lo que representa un promedio de $6.827.055,03 mensuales. La categoría I permite hasta $91.699.761,90 al año, unos $7.641.646,83 por mes, y la categoría J llega a $105.012.519,19 anuales, equivalentes a $8.751.043,27 mensuales. Solo después de esta categoría se encuentra la K, con el límite ya mencionado.
La facturación no es el único criterio que considera ARCA para determinar la permanencia de un contribuyente en el Monotributo. También se toman en cuenta la superficie asignada a la actividad, el consumo de energía eléctrica y los alquileres devengados. En la categoría K, estos parámetros se establecen en sus niveles máximos: hasta 200 metros cuadrados de superficie, 20.000 kW de energía eléctrica en el año y hasta $8.378.658,45 en alquileres anuales. Así, un contribuyente puede mantener una facturación mensual constante pero verse obligado a recategorizarse si alguno de estos factores cambia de manera significativa.
Cuando la superación del umbral no ocurre en un parámetro secundario, sino en los ingresos brutos, la consecuencia es la exclusión del régimen simplificado. Para esta decisión, el organismo no solo considera la facturación declarada, sino que cruza información de los comprobantes emitidos electrónicamente, los movimientos bancarios y los registros de transacciones en billeteras virtuales. Si se determina que las compras, gastos o acreditaciones exceden el límite de la categoría declarada, el sistema puede iniciar un proceso de recategorización de oficio o, en situaciones extremas, la exclusión del régimen simplificado.
Permanecer en la categoría K no solo implica un mayor límite para la facturación, sino también un aumento en la carga impositiva mensual. La cantidad a abonar varía según el tipo de actividad declarada. Para quienes brindan servicios o realizan locaciones, el total a pagar en la categoría K asciende a $1.614.446,02, que se desglosa en un impuesto integrado de $1.368.514,20, además de los aportes al SIPA y a la obra social.
En contraste, aquellos que comercializan bienes muebles deben abonar un total de $702.103,22 mensuales, dado que el impuesto para esta actividad es de $456.171,40, manteniendo la misma estructura de aportes previsionales y de obra social. La diferencia entre ambos montos, que supera los $900.000 mensuales, ilustra el tratamiento desigual que el régimen otorga a los servicios en comparación con la venta de bienes muebles dentro de un mismo nivel de facturación.
