La emergencia eléctrica, que finalizó el 9 de julio, tiene prevista su extensión en el Boletín Oficial entre este lunes y el martes. Por su parte, la emergencia en el sector de transporte y distribución de gas se mantendrá vigente hasta finales de 2026.
Según se pudo confirmar, el decreto que procederá casi está listo y tiene como objetivo brindar tiempo para que diversas obras licitadas y planificadas permitan, para el próximo año, dejar atrás esta situación de emergencia.
Los proyectos en curso, financiados por el sector privado, están orientados a aumentar la generación, la capacidad de transporte y el almacenamiento de electricidad.
Desde su asunción, el Gobierno de Javier Milei declaró y prorrogó en dos ocasiones la emergencia energética, mientras avanzaba en señales hacia la normalización del mercado eléctrico y de gas.
El decreto 370/25, que regía hasta el 9 de julio de 2026, justificó esta medida por “la necesidad urgente de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos” ante “la vulnerabilidad y el estado crítico” del sistema, abarcando aspectos como la estructura de recaudación, el estado de las instalaciones y la ausencia de señales de mercado tanto para la oferta como para la demanda.
Dentro de este contexto, se han dado pasos significativos en el proceso de normalización. Se mencionaron la revisión integral de tarifas y las inversiones, con un cronograma de actualización mensual, así como las obras que deben realizar las empresas y la transición del esquema de subsidios por ingresos a uno focalizado.
También se destacó la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para fomentar la competencia entre empresas, junto a la reconcesión de las represas del Comahue y la transferencia a privados de la principal transportadora de energía eléctrica del país.
Sin embargo, avanzar hacia la normalización plena requerirá la finalización de obras clave para garantizar que no se produzcan cortes masivos en los años venideros. En este sentido, se espera que para diciembre estén listas obras de almacenamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por un monto de 650 millones de dólares. Además, la Secretaría de Energía adjudicó recientemente proyectos por otros 700 millones de dólares para instalar más de 700 MW con baterías en siete regiones del país, con el objetivo de asegurar el suministro en áreas de alto consumo durante picos de demanda.
Paralelamente, se definirán licitaciones de obras por 6600 millones de dólares para reforzar el sistema de transporte eléctrico. A finales de 2025, el Gobierno estableció 16 proyectos prioritarios que serán financiados enteramente por el sector privado.
Estas iniciativas incluyen el tendido de más de 5600 kilómetros y están dirigidas a “mitigar riesgos de cortes de suministro, robustecer la red eléctrica nacional y resolver cuellos de botella estructurales que actualmente limitan el transporte de energía desde los centros de generación hasta los centros de consumo”. Entre estos proyectos se encuentran AMBA I, que concentra el 40% del consumo eléctrico nacional, y dos líneas de transmisión de 500 kV que conectarán las provincias de Mendoza y Chubut con Buenos Aires, reforzando así el sistema interconectado.
