Este martes, la magistrada liderará una audiencia en la que se abordará una última cuestión crucial: si Burford Capital, el fondo que ha litigado contra Argentina, podrá emplear en un posible arbitraje ante el CIADI la información que obtuvo durante el proceso de discovery en Nueva York.
Solo un giro inesperado en la Corte Suprema de Estados Unidos —que modifique el fallo favorable a la Argentina emitido por la Cámara de Apelaciones— podría hacer que Preska vuelva a ocuparse del caso.
Argentina, YPF y Burford han acordado que el fondo solo podrá utilizar la información sobre la base del litigio que Argentina proporcionó antes de la decisión de Preska en 2023. En cambio, se prohibió el uso de la información que Burford recibió posteriormente, cuyo único propósito era identificar bienes argentinos sobre los cuales se podría ejecutar la sentencia que luego fue revocada por la Cámara.
Sin embargo, existen dos puntos de discrepancia que la jueza Preska deberá resolver durante la audiencia.
Por un lado, Burford busca que se le permita utilizar la información sobre los bienes argentinos en un posible procedimiento de ejecución, en caso de que el tribunal del CIADI dictamine a su favor. Argentina se opone, argumentando que para el momento en que se emita un laudo definitivo en ese hipotético arbitraje transcurrirán al menos ocho años, lo que haría que los datos queden obsoletos. Más allá del tiempo transcurrido, Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro, sostuvo que “Argentina tiene muy buenos argumentos para prevalecer en ese arbitraje”.
Por otro lado, YPF sostiene que no debe usarse ninguna información relacionada con la empresa, dado que el caso finalizó de manera definitiva a su favor y, tal como reconoce incluso Burford, la compañía no puede ser demandada ante el CIADI.
La resolución que emita la jueza Preska sobre estos dos temas podrá ser apelada por la parte que no se sienta satisfecha. Así, aunque su intervención en el caso YPF está por concluir, aún hay una instancia más antes del cierre definitivo.
Este litigio se origina en la expropiación del 51% de las acciones de YPF que estaban en poder de Repsol, medida adoptada por el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. Los fondos Petersen y Eton Park, exaccionistas minoritarios de la petrolera que sustentaron su reclamo con el apoyo de Burford Capital, habían logrado en 2023 una sentencia de primera instancia por US$16.100 millones en contra de Argentina.
No obstante, a finales de marzo, la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó dicha condena, un fallo que supuso un sólido respaldo a la posición argentina y llevó a los demandantes a explorar una alternativa ante el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial que resuelve disputas entre Estados e inversionistas extranjeros.
